La presidenta de Evópoli y consejera constitucional, Gloria Hutt, se refirió este jueves a la ofensiva de los diputados de Chile Vamos en contra de la directora de la Dirección de Presupuestos, Javiera Martínez (RD), a quien -a través de una carta enviada al Presidente Gabriel Boric- solicitaron la renuncia de su cargo en la Dipres por su presunta responsabilidad en los eventuales delitos de corrupción en el traspaso de fondos estatales a fundaciones.
En concreto, los legisladores de Chile Vamos le reprochan a Martínez haber supuestamente flexibilizado -durante la discusión del pasado Presupuesto- los criterios para las transferencias de dinero de entidades públicas para convenios.
Si bien la ofensiva era comandada por los jefes de las bancadas de diputados del bloque opositor y hasta ahora no se había involucrado las directivas de los tres partidos que conforman Chile Vamos, la presidente de Evópoli deslizó que desde su colectividad respaldaban la acción de los parlamentarios.
“He comentado que es lamentable que sin haber resuelto el caso convenios, la directora de Presupuestos sea la que esté a cargo de la discusión presupuestaria, que viene particularmente compleja este año, porque es un ruido paralelo importante que puede afectar su dedicación”, apuntó Hutt en conversación con Radio Duna.
La oposición tenía puesta en su mira a Martínez hace un tiempo, pero la ofensiva cobró fuerza tras la posible citación a declarar como imputada o testigo en el marco de las diligencias que lleva adelante la Fiscalía de Antofagasta en la investigación por los líos de platas políticas; acción que en todo caso aún no se concreta.
“Sería más prudente que fuera alguien que pudiera dedicarse completamente a este tema (Presupuesto), que no tuviera un tema en paralelo no resuelto de la magnitud del caso convenios, aquí no estamos hablando de una situación administrativa menor o algo que esté en curso de resolverse con una investigación interna”, señaló Hutt.
Y enfatizó: “Aquí tenemos problemas serios de posibles delitos que no están resueltos, todavía hay casos abiertos en 11 regiones. Entonces no es una cosa pequeña, es algo que puede generar una alteración en la disponibilidad de tiempo de ella durante la tramitación presupuestaria, aquí hay una cosa operacional y práctica que lo hace inconveniente”.
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