Casi nueves meses han transcurrido desde que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación las primeras querellas por la ya fallida adquisición de la exclínica de Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago y, hasta ahora, el fiscal que lidera la indagatoria, Patricio Cooper, ha sumado a la carpeta investigativa del caso más de 210 documentos, entre declaraciones, informes y peritajes de la PDI.
Como ha dejado en evidencia en antecedentes remitidos al tribunal, el persecutor ya llegó a la conclusión de que el precio que pagaría la administración de Irací Hassler (PC) a la Inmobiliaria San Valentino por el inmueble estaba abultado en miles de millones, puesto que las tasaciones no estaban en regla.
Sin embargo, Cooper decidió ir más allá. Ya ha podido delinear cómo se gestó el negocio, quiénes fueron los intervinientes y el grado de participación de cada uno, pero dado que en reiteradas ocasiones quienes han prestado declaración han sostenido que todo estaba ajustado a los procesos habituales, el fiscal decidió ampliar la investigación y evaluar bajo qué parámetros se dieron otras compras municipales.
A través de un oficio remitido a la propia alcaldesa Hassler el pasado 21 de septiembre -y a la cual tuvo acceso La Tercera-, el persecutor solicitó: “Informar y remitir las adquisiciones efectuadas durante los años 2021 y 2022″.
Junto con ello, además, pidió se le envíen las “tasaciones efectuadas que sirvieron de sustento a dichas adquisiciones”.
Con esto, de acuerdo con fuentes ligadas al caso, el Ministerio Público buscará establecer cuál era el procedimiento habitual del municipio y si, eventualmente, existieron otros procesos donde pudieron existir las mismas irregularidades que se han evidenciado en torno a la compraventa de la exclínica.
Las conclusiones de Cooper
En el marco de una solicitud de entrada y registro que el fiscal Patricio Cooper elevó al Séptimo Juzgado de Garantía, el persecutor dio cuenta del progreso de la indagación y de las primeras conclusiones a las que ha podido arribar.
En ese sentido, aseguró que en función de los antecedentes recopilados pudo determinar que la “compraventa adolece de serios cuestionamientos, principalmente por el precio acordado, el cual no se justifica en lo absoluto, no obstante las tres tasaciones efectuadas al respecto. Llama la atención a esta parte la similitud en el valor final de las tres tasaciones, no obstante la diferencia en el valor de los terrenos que cada uno tiene. Por otra parte, las tasaciones no se ajustan al marco reglamentario tal como lo ha indicado la Asociación de Tasadores de Chile y no contienen fundamentos verificables como lo señala la Contraloría General de la República”.
Además hizo presente que el precio acordado entre Santiago e Inmobiliaria San Valentino también genera ruido al constatar el valor al que arribó la tasación que solicitaron como Ministerio Público a la empresa Transsa Consultores Inmobiliarios, y que arrojó un valor de $4.281.690.245, o sea, casi cuatro mil millones menos que lo fijado por el municipio.
“Llama la atención además que la Ilustre Municipalidad de Santiago haya efectuado diligencias necesarias para adquirir otro inmueble en forma previa (calle Carmen N° 35) por un valor notoriamente inferior y después repentinamente haya desechado tal posibilidad en aras de suscribir, con notoria rapidez, el contrato de compraventa cuestionado por un valor muy superior”, complementó el persecutor.
Concluye, en los mismos términos, que quienes lideraron todo el proceso fueron la exdirectora de Salud Beatriz del Carmen Chamorro, el exsecretario de Planificación Luis Antonio Mayorga, y el exdirector Jurídico Jean Pierre Chiffelle.
Las dudas sobre Felipe Sánchez
Entre los últimos antecedentes que pudo recabar el Ministerio Público, también se suma un análisis patrimonial al dueño de Inmobiliaria San Valentino, Felipe Sánchez, y que fue elaborado por la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía.
Ahí se concluye que “prácticamente desde el año comercial 2012 no registra declaraciones de Impuestos a la Renta ni de IVA” y que tampoco registra ingresos declarados. “Solo se informa en vector externo una ganancia ínfima de renta de capitales mobiliarios. Desde el año 2012 se observa que no tiene presencia o existencia como contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, figura informado en las distintas declaraciones juradas exigidas por el SII, realizando operaciones de compraventa de vehículos usados con habitualidad”, se agrega.
De acuerdo con el detalle, “compró y vendió bienes raíces, compró dólares por sumas importantes y realizó inversiones en moneda extranjera. También constituyó en el año 2022 la sociedad Inmobiliaria San Valentino SPA con un capital de $100.000.000 y la sociedad Girls Lab SPA”.
Se alerta, eso sí, que “el hecho de no presentar declaraciones de impuestos sería indicativo de que no ha declarado, ni pagado, si correspondiera, ningún tipo de impuesto por las operaciones realizadas, lo que se sugiere verificar con el SII”.
Si bien Sánchez -como se lee en el documento de 18 carillas- registra declaraciones de honorarios cuyo mayor monto anual ascendió a $8.591.690, los analistas dicen que “resulta llamativo” que en 2011 y 2012 declarara honorarios superiores a los $102 millones. “Esto podría significar que estos honorarios podrían ser ficticios, ya que no fueron informados al SII en el Formulario 1879 sobre honorarios como corresponde, sumado a que estos montos no tienen ninguna relación con honorarios de los años anteriores y que Felipe Sánchez se tituló como abogado en el año comercial 2013″, enfatizaron.
“Todo lo anterior subraya la necesidad de indagar respecto de la obtención, respaldo, pagador y justificación de estos honorarios”, agregaron.
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