Cuando la Cámara de Diputados comenzó a las 17 horas su sesión de sala, la Comisión de Hacienda aún no terminaba de votar el proyecto de reajuste del sector público que incluía una controversial propuesta del Ejecutivo para adelantar el alza del Indicador de Costos de la Salud (ICSA), una suerte de IPC del rubro que ayudaría a las isapres a mitigar en algunos meses sus menores ingresos.
Esta iniciativa, considerada por parlamentarios oficialistas como el inicio de un salvataje encubierto para las prestadoras privadas, era el principal punto de la tabla, pero, ante la demora, la mesa de la Cámara debió cambiar su votación para este martes.
Ayer en la tarde, el clima en la Comisión de Hacienda, a la que asistieron la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el titular de Hacienda, Mario Marcel, estaba candente. En el encuentro, ambos ministros debieron enfrentar duras recriminaciones de legisladores de la propia alianza gubernamental.
Además de la reticencia a apoyar una norma para paliar el momento financiero de las isapres (producto de una seguidilla de fallos de la Corte Suprema), las quejas también apuntaban a la decisión del Ejecutivo de haber mezclado este tema de alta sensibilidad con el reajuste del sector público, que, por el contrario, venía avalado con un acuerdo con los empleados fiscales.
“Quiero decirles a algunos colegas que están con alguna duda, estamos asistiendo al salvataje de una industria, como puede ser en el futuro el retail o las farmacias, que no se ve afectada por factores externos que pueden ser atendibles, sino por su propias acciones, refrendadas en los tribunales de justicia”, comentó el diputado radical Alexis Sepúlveda.
“Es un salvataje de la isapres. Es una solución perversa. No estamos convencidos”, añadió el comunista Boris Barrera, quien hasta minutos antes de votar seguía declarando sus dudas.
“Quiero hacer la reflexión respecto de la intransigencia del Ejecutivo a escuchar a los parlamentarios. Estamos viendo una discusión acelerada de algo que es complejo. Nos han puesto en esta situación incómoda… El ministro (Marcel) había señalado que si esto complicaba la tramitación del reajuste, la retirarían, bueno, ¡la ha complicado, ministro!”, dijo la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), presidenta de la Comisión de Salud, quien acudió excepcionalmente al encuentro para recordar que su instancia había pedido separar ambas discusiones.
“Esta norma nos conflictúa en el plano ético. Lo que hace el gobierno con este artículo es básicamente comprar tiempo (…). La industria de la isapres, al igual que las AFP, son delincuenciales”, dijo el diputado Jaime Sáez (RD).
“¿Por qué se presentó esta propuesta en el reajuste del sector público?, ¿por qué se necesita sacar antes que termine el mes?”, comentó, a su turno, la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social), quien preside la Comisión de Hacienda.
No obstante, según explicaron Marcel y Aguilera, el gobierno estaba de manos atadas. Ante el temor de que algunas isapres comiencen a desmoronarse, el Ejecutivo tenía que sacar esta reforma antes de fin de año. Además, en vista de que la próxima semana hay un receso por trabajo distrital, se optó por incluir el tema del Indicador de Costos de Salud (ICSA) en el reajuste para acelerar su tramitación.
Marcel, quien siempre sinceró sus dudas de mezclar el reajuste con el tema de las isapres, tuvo una sentida respuesta en la comisión. “Cuando uno posterga las decisiones, los problemas se agrandan, no se resuelven, jamás se resuelven solos. Si hoy en este proyecto… que no escogimos que incluyera el tema del ICSA, no resolvemos el problema, el día de mañana vamos a tener un problema mayor. Solo va a crecer. Compartimos una incomodidad (con los diputados), pero es lo que nos toca, porque somos los responsables ante la ciudadanía”.
En línea con el ministro, el diputado socialista Jaime Naranjo dijo que, a pesar de que no era partidario de hacer un salvataje a las isapres, votaría a favor por “responsabilidad política”.
Igualmente ante el complejo escenario que se vislumbraba para este lunes, La Moneda se vio obligada a realizar una jugada desesperada: apostar a que el grueso del respaldo fuese aportado por las fuerzas opositoras y tratar de hacer algunas concesiones a legisladores de la alianza gubernamental con el fin de aprobar la medida.
Para aglutinar un piso suficiente de apoyos entre sus filas, la titular del Ministerio de Salud (Minsal) sostuvo reuniones durante todo el fin de semana, algunas de carácter telemático, tratando de consensuar un protocolo de acuerdo.
Este documento se dio a conocer después de la hora de almuerzo, casi al filo de que terminara la sesión de la Comisión de Hacienda y diez minutos antes del inicio de la sala, lo que también generó reproches de la derecha, que en este tema jugaba en una postura más colaborativa con el gobierno.
La ministra fue la encargada de leer el protocolo de acuerdo en la misma reunión, donde el gobierno se comprometía a aprobar, a más tardar en abril de 2024, la llamada Ley Corta de Isapres. A esta iniciativa, que está en manos de la Comisión de Salud del Senado, el Ejecutivo le pondría discusión inmediata.
También se adquirió el compromiso de “avanzar en el diseño hacia una reforma de la seguridad social en salud”, que se desarrollará con el apoyo de una comisión técnica, incluyendo representantes de instituciones, expertos, asociaciones de usuarios, universidades, prestadoras públicas y privadas y exautoridades. Dentro de las medidas, se presentarían modificaciones para eliminar las preexistencias y la declaración de salud. Además, respecto de Fonasa se fortalecerá su función de recaudación, gestión y distribución de recursos.
Adicionalmente, La Moneda mejorará el Subsidio de Incapacidad Laboral.
Como parte de este protocolo, el gobierno también patrocinó un conjunto de indicaciones de diputados, entre ellas una que prorratea entre afiliados los costos asociados a menores de 2 años que no están cubiertos por la garantías de Salud y también la postergación del reajuste del ICSA de junio de 2025 a septiembre de ese año.
Al final, el documento y las indicaciones dieron resultado. El polémico artículo sobre las isapres fue aprobado en forma casi unánime, desde el PC al Partido Republicano, en una ronda de votaciones.
La crisis de la isapres, que Aguilera ha definido como una “espada de Damocles” que pende sobre la cabeza del gobierno, se originó tras una seguidilla de fallos de la Corte Suprema, que obligan a devolver excedentes a los afiliados y reducir cobros por primas de Garantías Explícitas de Salud (GES).
En respuesta, La Moneda definió un plan con tres patas legislativas. Primero, comenzar a trabajar una reforma a largo plazo para el sistema de salud. Luego, se presentaron indicaciones de un proyecto apodado “Ley Corta de Isapres”, que se está discutiendo en la Comisión de Salud del Senado, que busca adecuar cobros de las isapres en vista del fallo relacionado con la devolución de excedentes y dar una solución más estable a la reducción de cobros por primas GES.
No obstante, la negativa de la Suprema a postergar la reducción de estos cobros obligó a las isapres a aplicar estos ajustes en diciembre, por lo que algunas aseguradoras quedaron al borde de la quiebra.
La consecuencia de ello es que La Moneda debió poner en marcha un plan de emergencia, una tercera alternativa legislativa -a través de la ley de reajuste que se tramita en la Cámara- para adelantar el nuevo Indicador de Costos de Salud, que permitiría a las prestadoras a prorratear entre sus afiliados un alza de cobros.
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