Este lunes, la diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha, anunció la fusión de acusaciones constitucionales dirigidas al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, junto al Partido Republicano. El borrador del libelo elaborado por PSC, al cual tuvo acceso ADN.cl, detalla graves señalamientos contra el secretario de Estado, todo esto, a raíz de la investigación del Caso Convenios.
“Hoy nos damos cuenta de que es importante avanzar en las responsabilidades políticas que el Gobierno no ha sido capaz de asumir, por lo tanto, hemos decidido fusionar ambas acusaciones constitucionales para darle más fuerza y más sustento (…) dijimos que iba a ser anunciada post plebiscito, hoy (lunes) va a ser el día, probablemente durante lo que queda de sesión y si no, a más tardar mañana temprano, porque estamos en la redacción de la fusión de ambas acusaciones”, expresó la parlamentaria.
“Queremos que sea de la forma más transversal posible, creo que los apoyos, en lo que hemos ido viendo, están y por supuesto que todos somos testigos de que aquí hay graves hechos de corrupción que no se le ha dado la cara que corresponde de parte del ministerio y de parte del Gobierno”, agregó la diputada Concha.
El borrador
En concreto, el borrador de la acusación constitucional elaborado por el PSC en contra del ministro Montes destaca cuatro principales acusaciones. La primera hace alusión al incumplimiento de deberes, en donde se le acusa a la autoridad del Ejecutivo de no ejecutar de manera adecuada las leyes ni ejerció el control jerárquico necesario, centrándose en su gestión del Programa Asentamientos Precarios durante 2022 y 2023.
Asimismo, se apunta a infracción de la Constitución y las Leyes, manifestando que no se observa el principio de probidad administrativa, detallando asignaciones de recursos a entidades sin fines de lucro de manera directa y sin fundamentación adecuada.
En tanto, se acusa al ministro Montes de corrupción al interior del Minvu, mencionando investigaciones y hallazgos de la Contraloría General de la República que evidencian prácticas irregulares y posiblemente corruptas en la cartera, relacionadas con la asignación de fondos y ejecución de proyectos.
Además, se le cuestiona al secretario de Estado la falta de supervigilancia y fiscalización adecuada, con énfasis en el manejo del Programa Asentamientos Precarios.
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