La turbulenta contienda política de Giorgio Jackson (RD) y el senador Fidel Espinoza (PS) despegó de los pasillos de La Moneda y el Congreso para aterrizar, ahora, de lleno en tribunales.
El primero en llevar estas tensiones al terreno judicial fue Jackson, el lunes 8 de enero. Ese día, el fundador de Revolución Democrática anunció la presentación de una demanda civil en contra de Espinoza por injurias y calumnias. En el documento detalló que el mismo día del robo de los 23 computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social, en julio del 2023, el senador señaló que el exministro era el “líder de la banda”.
“En esa publicación de Twitter el senador no se limitó a informar o a compartir su opinión respecto de los hechos delictivos que a esas horas comenzaban a difundirse, sino que utilizó la plataforma para desacreditarlo, dirigiendo falsas imputaciones en su contra, vinculándolo arbitrariamente de manera expresa al mencionar su apellido”, se lee en la demanda, en que pidió que el senador socialista fuera condenado a “pagar la totalidad de los daños y perjuicios provocados a nuestro representado, más intereses y reajustes que en derecho correspondan, con expresa y ejemplar condena en costas”.
Para Jackson existía una “fijación” por parte del senador PS contra él. Tanto así que en la demanda repasó distintos episodios en que cruzan declaraciones, especialmente por “X” (ex-Twitter). La demanda, además, activó tensiones en el terreno político, enfrentando a las dos almas del gobierno, dividiéndose entre frenteamplistas y socialistas.
A 44 semanas de interpuesta la acción judicial llegó la respuesta del senador Espinoza, a través de una contestación evacuada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
“La demanda de autos carece de estas precisiones, induciendo a confusiones que afectan el ejercicio del derecho a la defensa del demandado, pues no existe claridad o certeza en torno a las actuaciones específicas del senador Fidel Espinoza Sandoval que darían origen a la pretensión indemnizatoria de la actora, toda vez que refiere en distintos apartados a supuestos actos difamatorios que habría ejecutado nuestro representado en contra del Sr. Giorgio Jackson Drago, a través de distintos medios, sin precisar cuáles de estos actos serían aquellos que se estiman como hechos fundantes de la acción”, se lee en el escrito, patrocinado por el abogado socialista Francisco Zúñiga.
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En términos coloquiales, comentan en tribunales, la contestación apunta a preguntarse “¿cuál sería la injuria?” que ve el demandante en las opiniones de un legislador.
En esa misma línea, en el documento se agrega que existen “imprecisiones que pueden apreciarse, por ejemplo, al incorporar al relato de los hechos el acápite titulado ‘apuntes sobre la historia de una notoria predisposición del senador Espinoza a desacreditar a don Giorgio Jackson mediante comentarios publicados sistemáticamente en sus redes sociales’. Así, situándonos en los hechos relatados por la demandante que habrían tenido lugar en el mes de julio del año 2023, narra el libelo pretensor otras supuestas actuaciones difamatorias ocurridas tanto con anterioridad como con posterioridad a las primeras, dejando abierta la posibilidad de incorporar nuevas conductas a la responsabilidad que se atribuye al demandando, siendo absolutamente vaga la demanda en este aspecto”.
El abogado que representará en la causa a Espinoza es un conocido en La Moneda, pues en enero evacuó un informe jurídico al gobierno sobre la posibilidad de revocar las pensiones de gracia, según una publicación del medio Ex-Ante.
Además es un experto constitucionalista y quien es constante fuente de consulta por parte de distintas entidades públicas. Por ejemplo, en 2017 elaboró un informe para el Banco Estado en el marco del debate sobre préstamos bancarios a candidatos a puestos de elección popular.
En este caso, el abogado también apuntó otra “imprecisión” por parte de la demanda de Jackson: el argumento esgrimido para fundar la reparación del daño moral.
A juicio de la defensa del parlamentario PS, de acuerdo a lo expuesto en el texto, lo que dice el demandante es que se “reservará la discusión acerca de la especie y monto de los perjuicios”, pero -agrega- “en su propia demanda abre aquella el debate al respecto, al invocar las nociones de daño moral, daño emergente, lucro cesante y cuantificación de perjuicios”.
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Por otro lado, señala que “se contradice abiertamente al señalar que no reclamará daño patrimonial alguno, pero luego indica que cuantifica los perjuicios sufridos por el Sr. Jackson Drago en base a costos de publicidad, los que, evidentemente, conllevan una noción patrimonial que excluye el daño moral”.
En consecuencia, se lee en el escrito, los demandantes deben precisar cuáles serán las bases que permitan cuantificar los perjuicios que reclaman y “a los que vagamente se refiere como ‘costos de publicidad asociados’.
El enfrentamiento Jackson-Espinoza ahora entrará en una nueva etapa, donde será la Corte quien zanje la discusión jurídica en torno al cruce de declaraciones entre ambos.
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