El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, respaldó la labor del Ministerio Público como ente persecutor ante los descargos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), tras la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para formalizar cargos en su contra por eventuales delitos de corrupción.
La fiscal Giovanna Herrera pidió formalizar al jefe comunal por cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. Esto, después de una investigación de dos años, iniciada en 2022, por eventuales delitos asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que lideró el expresidenciable del Partido Comunista.
Una vez que se conoció la decisión judicial, la tarde este martes el alcalde Jadue apuntó a la Fiscalía: “Esta formalización, habiendo podido ser hace años o en diez meses más, después de las elecciones, se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral. No logro entender tanta espera ante una investigación en la que les aseguro, saldré totalmente inocente”, aseguró.
Inquirido en esta jornada por los cuestionamientos deslizados por el alcalde de Recoleta, Cordero recalcó que el Ministerio Público es una “institución autónoma” y que “tiene antecedentes de actuar con rigurosidad”.
“Para las personas que pueden ser perseguidas por el Ministerio Público pueden ser situaciones incómodas. Yo creo que para nadie es un agrado y, por el contrario, puede ser una situación muy compleja ser objeto de persecución criminal. Pero nosotros tenemos un Ministerio Público autónomo que tiene antecedentes de actuar con rigurosidad, y que además está llevando a cabo una labor con independencia”, destacó el secretario de Estado tras su participación en la comisión investigadora por el denominado caso Hermosilla.
El ministro de Justicia, además, dijo que en un “sistema institucional el funcionamiento independiente de las instituciones es clave para la sanidad del sistema democrático” y señaló que “uno podrá estar en desacuerdo con eso cuando está directamente afectado, pero yo creo que no hay que perder de perspectiva que es la obligación que tenemos todos quienes estamos o formamos parte de algún poder del Estado, en que lo razonable es que las instituciones funcionen independientemente”.
Respecto al “criterio Tohá” -en que todo funcionario debe dejar su cargo tras ser formalizado para proteger a la institución que representa-, expresó que el énfasis que ha puesto el gobierno tiene que ver con la gestión pública, en el sentido que distrae la función principal del investigado.
“Uno podrá estar en desacuerdo con ese criterio. Pero el criterio del Ejecutivo es muy claro: cualquier autoridad que está en la administración, en una posición directiva, que enfrenta una formalización por delitos funcionarios, tiene que apartarse de su cargo esencialmente porque su énfasis central no va a ser la gestión directa, sino que en su defensa, que es, por cierto, una situación completamente legítima”, dijo.
Investigaciones en municipios
Cordero también fue consultado por las diversas investigaciones que se están realizando en varias municipalidades del país, señalando que estas tienen “dos dimensiones”.
“Los delitos funcionarios son delitos que en una cantidad de ellos pueden ser ejercicios ilegales, ilícitos y obtención de rentas ilícitas, porque se enriquecen injustamente o porque defraudan el patrimonio público”, sostuvo.
Respecto al otro punto, explicó: “También tenemos una cantidad importante de delitos funcionarios que provienen del incumplimiento de ciertas reglas o ciertas gestiones por parte de las autoridades. Ser autoridad pública transforma algunos ilícitos que alguien podría considerar como administrativos en delitos. Eso es bien relevante porque una de las instituciones donde ese tipo de casos tiene mayor representatividad es el caso las municipalidades. Eso tiene que ver en parte porque tienen un régimen flexible de control, en parte porque tienen asimetrías muy severas en capacidad institucional en su interior”.
“Que los municipios estén en delitos de corrupción o funcionarios es una situación extremadamente recurrente”, aseguró.
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