Llegó la temporada de las memorias anuales y los timoneles de los principales grupos empresariales del país aprovecharon el espacio para emitir severos cuestionamientos a las políticas en Chile de los últimos años -así como a las que actualmente se están discutiendo-, aludiendo a las reformas de Michelle Bachelet, al estancamiento crónico de la economía, la ola de delincuencia que azota al país y a los cambios estructurales que impulsa el actual Gobierno de Gabriel Boric.
El análisis más reciente -y quizás el más duro- fue el de Gonzalo Bofill, presidente de Carozzi, quien en una carta a los accionistas sostuvo que «hoy somos más pobres que hace 10 años un crecimiento inferior al 2% promedio anual en la última década», añadiendo que «nada de esto es casual, fue advertido en todos los tonos y formas, se fue hasta majadero respecto de las nefastas consecuencias que traerían reformas que se implementaron durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet».
«Una década desperdiciada es un lujo que ningún país del mundo se puede dar, porque significa perder oportunidades, vivir con más incertidumbre y aceptar el magro desempeño económico y los bajos niveles de inversión como algo dado. Para revertir este estancamiento, necesitamos algo más que anuncios o buenas intenciones», subrayó Bofill. «Lamentablemente no se ve en el oficialismo un plan acorde a la magnitud del problema, ni la convicción necesaria para superarlo», sentenció.
Las palabras de Bofill habían sido antecedidas por análisis de otros líderes empresariales. En su primera carta dirigida a accionistas encabezando la presidencia de Quiñenco -contenida en la memoria anual de la sociedad- tras reemplazar en el puesto a Andrónico Luksic, Pablo Granifo repasó una serie de aspectos relacionados al crecimiento del país.
«La reducción significativa de la capacidad de crecimiento sigue golpeando con fuerza el sueño de alcanzar el desarrollo y las expectativas de una mejor calidad de vida para las personas», sostuvo. «Sin crecimiento estamos condenados a seguir teniendo un país con fricción y frustración», agregó.
Una crítica visión que también compartió el presidente de Empresas Copec, Roberto Angelini, en su carta a los accionistas de la compañía. «Lo más preocupante, a nuestro juicio, es que la baja actividad económica ha sido una condición que se ha ido normalizando, un tema que ha salido del foco de la discusión pública», dijo.
En ese sentido, manifestó: «Qué lejos estamos de los tiempos en que Chile crecía sostenidamente sobre el promedio del mundo y de la región, generando cada vez más oportunidades y, en definitiva, mayor bienestar para toda la población. Hoy, pareciera que apenas aspiramos a estar en el promedio, y ni siquiera eso conseguimos».
En la misma línea, afirmó que «la caída sostenida del crecimiento afecta la creación de empleos, el nivel de las remuneraciones y el acceso a más y mejores bienes y servicios. Impacta también la recaudación fiscal y, con ello, el financiamiento sostenible de políticas destinadas a enfrentar las crecientes demandas sociales de los sectores más vulnerables. Como siempre se ha dicho, el crecimiento no lo es todo, pero sin él no hacemos nada. Sin crecimiento estamos condenados a seguir teniendo un país con fricción y frustración».
Consideró «urgente» que se dé «un gran impulso a la actividad económica, generando un escenario con mejores condiciones para la inversión, partiendo por reducir incertidumbres y revisando temas relacionados con la llamada ‘permisología'». Asimismo, destacó que existen nuevos e importantes desafíos como «la crisis de seguridad, la desinformación y la inmigración descontrolada».
En tanto, el presidente de Grupo Security, Renato Peñafiel, deslizó una fuerte crítica a las reformas que impulsa el Gobierno, asegurando que «no priorizan ni consideran las urgentes demandas que tiene el país».
En su carta a accionistas, sostuvo que que el panorama en Chile en 2023 «estuvo negativamente influenciado por el contexto político, reflejo de que las reformas estructurales propuestas por el Gobierno no priorizan ni consideran las urgentes demandas que tiene el país, como la inseguridad ciudadana, la inmigración irregular y el nulo crecimiento del ingreso per cápita en los últimos diez años».
El presidente de Security afirmó que ve una «pérdida de rumbo del país», lo que se refleja en que la «gravísima crisis en el sector salud, las estériles propuestas en pensiones y una destruida educación pública amenazan el futuro de las nuevas generaciones».
«Vemos con preocupación que este ambiente genera un permanente cuestionamiento y desprestigio a la empresa privada, motor insustituible en el desarrollo de nuestro país», señaló. Para revertir este escenario, aseveró que se deben impulsar reformas que permitan al sector privado «retomar su histórico liderazgo», y que sean capaces de fomentar la inversión y empujar el crecimiento económico. En este aspecto, Peñafiel subrayó que «el caso del litio es un claro ejemplo de una visión estatista que sustituye el emprendimiento privado».
Por último, quien también envió un mensaje preocupante fue el presidente de CMPC -controlada por la familia Matte-, Luis Felipe Gazitúa, quien, en la memoria anual de la compañía, expuso que mientras la industria forestal avanza en América Latina y en países desarrollado, en Chile existe un «repliegue» del sector, como consecuencia de la quema de bosques, el robo de madera, la usurpación de tierras y la inseguridad para acceder a ciertas zonas.
«Estamos frente a un retroceso que no se condice con las oportunidades globales que plantea esta industria, ni con el éxito de las políticas desarrolladas en el pasado en nuestro país para recuperar suelos degradados, ni con las necesidades globales de forestación, ni con la subsistencia de cientos de empresas de pequeño y mediano tamaño que forman parte de la cadena productiva de este importante sector de la economía», afirmó.
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