Han estado en contacto permanentemente, pues la relación entre el Presidente Gabriel Boric y el general director, Ricardo Yáñez, es buena y fluida. El jefe policial ha destacado que “en este gobierno es cuando más se ha apoyado a Carabineros”, y el Mandatario ha subrayado la importancia de la institución para sacar adelante la actual situación de seguridad en el país.
Y es por esa estrecha relación que la situación judicial de Yáñez -quien será formalizado el 7 de mayo por el delito omisivo de apremios ilegítimos y homicidio durante el estallido social- ha sido un tema constante de conversación entre ambos. Tanto así, que el jefe policial ya le comunicó al Presidente que de no prosperar su recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago, le presentará su renuncia durante la próxima semana, donde la fecha escogida es -hasta el momento, aunque podría variar- el 3 de mayo.
El general Yáñez no ha comentado nada con su alto mando, pues toda esa comunicación la ha mantenido directamente con el Presidente, aunque sí ha dado luces de cómo será su salida: sin parapetarse en el cargo, no llegando en servicio activo, ni menos con uniforme, a la formalización y sin que su causa judicial sea protagonista de la ceremonia del “Día del Carabineros”, este sábado 27 de abril.
Quienes han conocido esas conversaciones con su entorno señalan que el primero en confirmar su asistencia a la actividad fue el Presidente Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá. Agregan que si uniformado no contara con el respaldo del gobierno, ninguna autoridad del Ejecutivo estaría presente, menos el Mandatario.
Así, citan un ejemplo: la renuncia del excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, el 2 de marzo del 2022. El jefe militar fue citado a declarar en calidad de inculpado por la ministra Romy Rutherford en el fraude en el Ejército, el día anterior a su cuenta pública, lo que lo empujó su salida abrupta de la institución a sólo horas de terminar su mandato y hacer el traspaso a su sucesor.
Martínez comunicó su salida públicamente, en una ceremonia en que haría un balance de su gestión. Sin embargo, esa vez, el gobierno de entonces instruyó a sus ministros no asistir a la actividad. No fue ni el subsecretario, ni el ministro de Defensa, Baldo Prokurica.
Esa vez la cuenta pública pasó a segundo plano y todo se centró en la renuncia de Martínez. Yáñez quiere apartarse de este episodio y asegura a sus cercanos: no quiere repetir la fórmula para no “ensuciar” la imagen de la institución.
Otra situación que no se quiere repetir es una “salida traumática”, ni un jefe policial “parapetado” en Carabineros. Yáñez ha descartado esa posibilidad, es decir, resistirse a la renuncia, a pesar de tener una formalización a la vista.
Eso, aún cuando en su fuero interno hay un convencimiento en que la investigación de la Fiscalía no ha sido certera. Por ejemplo, un caso que repite entre sus cercanos y su defensa es el homicidio que le imputan. Se trata del caso de Cristián Valdebenito, quien falleció luego de recibir una bomba lacrimógena en Plaza Baquedano, en marzo del 2020. Sin embargo, en ese caso no hubo oficiales detenidos, ni menos formalizados.
A ese argumentos se suma la decisión del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de no querellarse en la causa por responsabilidad de mando. El organismo decidió no interponer una acción judicial, pues consideró que el artículo citado para aplicar el delito omisivo no era atribuible a autoridades como los generales de Carabineros, interpretando que puede citarse cuando el oficial imputado está en el lugar de los hechos y ve la comisión del delito y no hace nada para que no ocurra.
Aunque Yáñez está convencido que jurídicamente no tuvo una responsabilidad por los lesionados durante el estallido, asumirá el peso político del cargo, aunque los ilícitos por los que se le formalizará ocurrieron en su época de director nacional de Orden y Seguridad.
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