Apelando a la compleja situación por la que pasa Carabineros, luego del asesinato de tres de sus funcionarios en Cañete, Región del Biobío, la ministra del Interior, Carolina Tohá, ratificó en el cargo al general director, Ricardo Yáñez, pese a encontrarse ad portas de ser formalizado el próximo 07 de mayo por el delito omisivo de apremios ilegítimos en contexto del estallido social.
La decisión no solo debilitó la doctrina establecida por la actual administración, denominada como “criterio Tohá“, que rige para autoridades que enfrentan un trámite procesal, sino que además dividió aguas en las filas del oficialismo.
Esto, aún cuando representantes de los 10 partidos de gobierno acordaron este sábado -en la sede del PS- respaldar plenamente las decisiones del Presidente Gabriel Boric relativas a la continuidad de Yáñez y a un eventual estado de sitio. Lo cierto, es que el respaldo a la máxima autoridad de la institución policial no cayó del todo bien frente a una fracción que interpretó la postura del Gobierno como ceder terreno ante presiones de la derecha.
La diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, junto con considerar un “aprovechamiento político inaceptable de la derecha”, sostuvo que es “impresentable que la respuesta tan rápida del Ministerio (Interior) sea que Yáñez no va a salir por su responsabilidad, o sea pedimos justicia para algunas causas y para otras no se requiere la misma fuerza para demandar justicia”.
“No comparto lo señalado por la ministra Tohá, porque creo que con mayor razón debiéramos pensar que aquí hay que tomar medidas que depuren las instituciones armadas de miles de hechos que hemos conocido respecto a corrupción económica, respecto a violación de derechos humanos, porque finalmente lo que tenemos que hacer es fortalecer y robustecer el Estado y sus instituciones para combatir lo que significan hechos como este (…), sin duda muy horroroso y nadie podría dejar de empatizar con el tremendo dolor que hoy están sintiendo sus familiares”, indicó.
Un matiz evidenció el senador y jefe del comité FRVS-IND, Esteban Velásquez, quien, pese a reflexionar que “se trata de no distraer a las instituciones policiales“, apuntó a que “superado estos episodios, por supuesto que tiene que aplicarse la doctrina que corresponde porque ante la ley en Chile todos debemos ser iguales”.
En el Socialismo Democrático en tanto, siguiendo la instrucción partidaria, se volcaron a apoyar la decisión. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, indicó que “creemos que frente a hechos tan dramáticos, asesinatos viles que nos conmocionan a todos, no podemos tener dos voces“.
“Me parece que el apoyo a la institución no puede estar en cuestión. Hoy día todo Chile está con Carabineros y, por lo tanto, lo que nos preocupa y debe ocupar es encontrar a los responsables de estos asesinatos, juzgarlos con prontitud”, dijo.
Oposición valora decisión, pero pide postergar la formalización
En la oposición celebraron la que dicen es una decisión razonable por parte del Ejecutivo. El diputado y jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que “valoramos el cambio de postura del Gobierno y que ratifiquen al general Yáñez, pero al mismo tiempo, lo tienen que ratificar hasta el final de su mandato“.
Pero, además, indicaron que las señales también deben provenir desde el Poder Judicial en una alusión directa a la fiscal de Alta complejidad, Ximena Chong, y al Fiscal Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, quienes están a cargo de la investigaciones que involucran al general director de Carabineros.
El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, llamó a los persecutores a suspender o aplazar la formalización. “El momento no puede ser más malo y las bases por la cual están pidiendo su formalización son extremadamente débiles”, indicó.
“Creemos que esos fiscales deben también mirar las circunstancias que vive el país. A todo Chile le duele el asesinato de los tres carabineros, pero sería incomprensible que los fiscales Chong y Armendáriz perseveraran en una formalización, que en estos momentos, parece completamente insensata”, añadió.
Por su parte, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, también apuntó a prorrogar la audiencia insistiendo que “la señal que hay que entregar hoy día es que todos vamos a estar unidos luchando contra el terrorismo y el crimen organizado, y no persiguiéndonos entre las propias instituciones. La palabra ahora la tiene el fiscal nacional y obviamente los fiscales regionales que quieren llevar adelante esa formalización”.
Mientras, Joanna Pérez, diputada de Demócratas, señaló que para garantizar la permanencia de la máxima autoridad policial se debe considerar una acción más efectiva. “Una de ellas la presentamos en los primeros días de abril junto a nueve diputados para que la Corte Suprema pueda tomar la decisión de remover al fiscal Armendáriz porque consideramos que está más preocupado de perseguir a Carabineros que a delincuentes”, dijo.
“Por eso, es que también existen otras vías como aplazamiento de la formalización y eso también depende del fiscal nacional. Aquí el Presidente tiene una tremenda oportunidad que es justamente acompañar y apoyar a los Carabineros y a una gran y noble institución”, zanjó.
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