Se trata de un fallo de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó de manera unánime decretar el sobreseimiento definitivo del sacerdote Felipe Berríos del Solar, respecto a seis causas en su contra por hechos de connotación sexual que se investigan en el sistema judicial antiguo.
La resolución del 26 de abril pasado – y que se mantiene bajo reserva- estableció que no se puede cerrar la causa, porque quedan dos diligencias pendientes, ratificando así una decisión previa del 34° Juzgado del Crimen, donde se tramita la causa.
La apelación la realizó noviembre pasado, el abogado defensor, Julián López, buscando el cierre total de la indagatoria, lo que dio paso a un extenso proceso de revisión de los antecedentes por parte de la Corte, que incluyó un informe del fiscal judicial, también una medida para mejor resolver, que tras cinco meses de estudio, terminó en una negativa para el religioso.
La estrategia judicial de la defensa pretendía repetir lo que logró en junio del año pasado, cuando el 12 Juzgado de Garantía de Santiago dictó el sobreseimiento definitivo respecto a una víctima, tras alegar la inexistencia del delito.
Pese a este revés, según fuentes conocedoras del fallo, el tribunal de alzada le planteó al 34 Juzgado aplicar el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal, que impide investigar acciones prescritas, lo cual podría generar que la causa no siga adelante.
Ahora el juez del crimen, Edgardo Gutierrez, deberá seguir adelante con la investigación contra el reconocido sacerdote nacional.
De la autodenuncia al proceso en el Vaticano
El proceso contra Felipe Berríos se inició hace dos años, cuando la Compañía de Jesús abrió una investigación canónica por una serie de denuncias de connotación sexual, patrocinadas por la Fundación Para la Confianza, y que derivó en que se le suspendiera de su ejercicio sacerdotal, fijar domicilio en Santiago y no trabajar con menores de edad.
Esto derivó en que el religioso presentara una autodenuncia ante el Ministerio Público, proceso que terminó con la decisión de no perseverar por parte de la fiscal Jazmin Salech, ya que no hubo colaboración de la presunta víctima, tras lo cual se dictó el cierre definitivo de la causa.
Otros seis casos que estaban en manos de la Fiscalía Sur fueron derivados a la justicia antigua, debido a que habrían ocurrido antes del 2005, y son lo que mantienen abierta la indagatoria en el 34 Juzgado del Crimen.
En paralelo, se mantiene abierta la arista canónica del “caso Berríos”, que tomó vuelo luego de que la abogada instructora, María Elena Santibañez, catalogara como verosímiles las denuncias contra el cura, lo que generó que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano ordenara un proceso administrativo penal que está a cargo de los Jesuitas.
Según se señaló por parte de la Congregación, los hechos atribuidos a Berríos corresponden a actos “de significación sexual de distinta relevancia que habrían afectado a siete mujeres jóvenes y adolescentes”, respecto a ”tocaciones y diversos traspasos de límites en el ejercicio del sacerdocio, entre los años 1993 y 2009″.
En mayo del año pasado, el vicario judicial Dante Simón, que estuvo a cargo de investigar las evidencias y recibir la prueba de la defensa, derivó todos los antecedentes al Superior General, en Roma, quien en definitiva deberá zanjar la resolución de la justicia eclesiástica.
De acuerdo a conocedores de ese proceso, el fallo canónico se conocería en los próximos días. El resultado de esa investigación determinará el futuró del sacerdote jesuita.
Por su parte, Berríos se ha mantenido lejos de la escena pública, y si bien anunció su renuncia a la congregación, desde la Compañia de Jesús indicaron a MEGA Investiga que sigue siendo jesuita, porque no ha pedido formalmente la dimisión.
En junio del año pasado, tras ser sobreseído de una de las denuncias en su contra, el sacerdote envió una carta a sus cercanos, en la que señaló que “es un primer paso muy importante para cumplir lo que les anuncié desde el primer día, que es mi interés en que mi inocencia sea establecida de forma transparente y pública por los tribunales de justicia de mi país”.
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