El alza en las cuentas de la luz lleva varios días instalada entre las principales preocupaciones de La Moneda. La aplicación de la medida que permite sincerar los costos en la provisión del servicio básico, ampliamente reconocida como impopular -pero vista también como necesaria-, ha desatado una rebelión parlamentaria. Tanto en el oficialismo como en la oposición, y con la mente puesta en las próximas elecciones, llaman al Ejecutivo a adoptar medidas que disminuyan el impacto del proceso de descongelamiento tarifario en la población.
Una preocupación que el propio Presidente Gabriel Boric reconoció este miércoles, al llegar a la Región de Magallanes en su segunda visita oficial desde que asumió el mando. “Ya tenemos un consenso en el Parlamento para entregar un subsidio a 1,5 millón de hogares, y ahora estamos liderando una mesa de trabajo para buscar la alternativas de ampliar ese subsidio”, planteó, remarcando que “el gobierno no es ciego, no es sordo” al efecto del sinceramiento de tarifas en los presupuestos familiares.
La mesa técnica asesora a la que aludió el Mandatario, fue creada por la misma Ley que establece el subsidio enfocado para el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, en la cual participan todos los integrantes de las comisiones de Minería y Energía, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, además de organizaciones de consumidores como Conadecus.
También hay actores de la industria, como Paola Hartung, directora de Asuntos Regulatorios de Aes Andes, y dos miembros de Generadoras de Chile: Camilo Charme, gerente general, y Francisco Muñoz, director de Estudios de la entidad gremial. Estos últimos, eso sí, lo hacen como invitados.
El trabajo de la instancia de hecho continuará este jueves, en una sesión extraordinaria citada para analizar medidas específicamente enfocadas en la situación de los hogares con personas electrodependientes.
Pero la mesa, que tiene por mandato legal evaluar otras fuentes de financiamiento para aumentar el monto del subsidio, de US$120 millones anuales, además de revisar otras políticas destinadas a disminuir el alza de la tarifa eléctrica para los clientes regulados, tiene aún varias semanas de trabajo por delante.
El artículo transitorio de la Ley de Estabilización que la creó, de hecho, da cuatro meses desde su constitución -concretada el 29 de mayo- para emanar un informe con las recomendaciones a las cuales llegue la instancia, que por el lado del gobierno integran los ministerios de Energía, Hacienda y Desarrollo Social.
Allí no participan directamente los ministros de cada cartera, sino que sus representantes. Lideran los miembros del equipo del ministro de Energía, Diego Pardow, con varios jefes de división y asesores legislativos involucrados. Por el de Javiera Toro (Desarrollo Social), lo hace Cristián Labra, jefe del Departamento de Estudios de la División de Política Social de la Subsecretaría de Evaluación Social.
En tanto, en representación de Hacienda, desde esta semana participará el coordinador del área tributaria de Teatinos 120, Nicolás Bohme. Antes, en las primeras tres sesiones, lo hizo Camila Ureta, que forma parte de su equipo, pero desde ahora Bohme tendrá un rol más activo. Especialmente para la sesión programada para el 4 de julio, cuando deba exponer ante la mesa técnica el espacio de gasto fiscal con que cuenta el Ejecutivo. Uno que su jefe, el ministro Mario Marcel, se ha encargado de enfatizar que es prácticamente nulo.
“Solo es posible aumentar el subsidio si tenemos recursos adicionales”, remarcó esta semana Marcel.
En la mesa están presentes, además, los asesores legislativos de los parlamentarios. Entre ellos Juan Ignacio Gómez, coordinador de Libertad y Desarrollo, por parte de la senadora UDI Luz Ebensperger, una férrea opositora a la fórmula que empuja el Ejecutivo del impuesto verde. Otros asesores que participan de la instancia son Julio Valladares, Humberto Verdejo, Daniel Salazar, Carlos Bencke, entre varios más.
Las opciones sobre la mesa
En este contexto, una de las principales opciones que empuja el Ejecutivo para extender el subsidio hacia la clase media,pasa por elevar en forma transitoria el impuesto verde a las fuentes fijas que emiten carbono (CO2), una carta que fue desechada en el marco del debate legislativo anterior, pero que acaparó las últimas dos sesiones de trabajo.
En todo caso, se trata de una iniciativa que suscita una serie de dudas en torno a su real capacidad para recaudar los ingresos necesarios, ante el retiro anticipado de las centrales eléctricas que usan carbón como combustible. De hecho, actores del sector recuerdan que el impuesto es considerado como “correctivo”, es decir, su existencia busca el cese de la actividad, algo que las generadoras recogen como un incentivo para migrar hacia tecnologías limpias. Incluso mencionan que la legislación permite pagar el gravamen o impulsar iniciativas que compensen las emisiones, volviendo incierta y poco predecible las proyecciones de recaudación del impuesto.
Pero la propuesta, según el Ejecutivo, podría duplicar los recursos para el subsidio, y parlamentarios del Frente Amplio la defienden, aunque no convence a otros miembros del oficialismo, como el senador PS Juan Luis Castro, presidente de la Comisión Minería y Energía del Senado. El legislador, eso sí, no se cierra a nada. “Ya sea por la vía de la disminución del IVA, por la vía de fondos soberanos, por la de impuesto verde u otras vías, (necesitamos) llegar lo antes posible a mecanismos nuevos de financiamiento, que ojalá nos permita llegar al 70% de los hogares”, plantea Castro.
Con todo, y como lo verbaliza Castro, la instancia evalúa todas las propuestas, que incluyen aumentar el impuesto verde, reasignar gasto fiscal desde otros programas, eximir temporalmente el pago del IVA, emitir bonos soberanos para comprar la deuda de US$6.000 millones acumulada en favor de las generadoras, e incluso renegociar los contratos de suministro eléctrico vigentes más caros.
La reducción o eventual eliminación transitoria del IVA es una alternativa que empuja la diputada Yovana Ahumada (Ind-Demócratas), presidenta de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, quien presentó una propuesta de reforma constitucional para eximir del pago del impuesto a los beneficiarios del subsidio, además de pacientes electrodependientes, por un plazo de 3 años.
Esta se mencionó en el Comité Político del lunes en La Moneda, al igual que otras propuestas, señalan fuentes de palacio, y al interior del Ejecutivo hay voces que piden analizar su viabilidad. Eso sí, bajo una fórmula distinta: un año sin pago de IVA y luego comenzar una restitución del cobro en forma escalonada, a razón de 2,5% mensual hasta volver a la tasa del 19%. Conocedores de dicha opción sostienen que la menor recaudación fiscal equivale en números gruesos a unos US$160 millones.
La idea de eliminar el cobro del IVA no es nueva, pero nunca ha sido del gusto del ministro Marcel. De todos modos, esta opción no es descartada de plano por otras carteras, aunque considerando varios “candados” a la iniciativa, para evitar una eventual oleada de peticiones similares en otros productos y servicios.
De todas formas, desde el Frente Amplio transmiten que la fórmula que más pesa hoy es el impuesto al carbón, pues se ha trabajado antes y ha sido conversada también con Pardow y Marcel. Esta alternativa, si bien no se aprobó en la Cámara de Diputados, estuvo a solo 10 votos de ser visada en la Sala. Una indicación de los diputados Jaime Mulet (FRSV) y Jorge Brito (RD) contó con 62 votos favorables e igual número de rechazos, pero además 11 abstenciones.
Otra propuesta pasa por la voluntad de Hacienda de reasignar gasto desde otras partidas, con apoyo sobre todo en la oposición, y dan cuenta de un ejemplo de esfuerzo fiscal: cuando el gobierno inyectó US$1.500 millones adicionales al Mepco en 2022.
El resto de opciones cuenta con respaldos transversales, pero acotados. La denominada “bancada eléctrica”, que reúne a nueve diputados, desde la independiente-UDI, Marlén Pérez, hasta la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), empuja la renegociación de contratos. Un camino que desde la industria ven con temor, y ante la cual, de avanzar, no descartan incluso recurrir a instancias internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La alternativa de comprar la deuda de US$6.000 millones, o una parte de ella, a través de la emisión de un bono soberano, fue levantada desde Generadoras de Chile.
En medio de la presión política, el calendario de trabajo para la mesa técnica se ha ido acelerando. Así, para las primeras semanas de julio hay nuevas sesiones programadas. En la primera, de este lunes que viene, se abordará la idea de revisar los contratos de suministro eléctrico. Luego, el jueves, Hacienda expondrá los espacios para gasto fiscal, y el lunes siguiente, una posible optimización Fondo de Estabilización de Tarifas, de donde provienen US$100 millones de los US$120 millones totales del subsidio. Esto, bajo la idea de que dicho fondo, financiado por el Cargo de Servicio Público, puede recaudar un monto mayor a lo que se proyectó durante la tramitación de la Ley de Estabilización Tarifaria.
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