La batalla entre las empresas de aplicaciones y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) por el reglamento de la “Ley EAT, o Ley Uber”, quedó en pausa. O al menos, eso pareciera luego de que este martes la cartera retirara de la Contraloría General de la República (CGR) el documento que busca regular a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y que desde el 5 de enero de 2024 se encontraba en la plataforma del órgano contralor para su revisión y posterior toma de razón.
”El retiro señalado se solicita atendido que se estima necesario revisar el contenido del acto administrativo previamente referido”, dice el oficio ingresado por la jefa de la división legal de la Subsecretaria de Transportes, Dennise Ramírez Parra, a Contraloria para hacer efectiva la acción.
Consultados por la razón detrás del retiro del reglamento, desde la cartera aclararon que ”como parte del procedimiento de trámite de cualquier reglamento para su toma de razón, Contraloría realiza un análisis de forma y fondo de dichos documentos, sobre los cuales levanta observaciones y comentarios que el servicio respectivo debe analizar y evaluar“. Así, y con el fin de responderlos de la mejor forma posible, “lo que se realiza es el retiro del documento, para su posterior reingreso, que es lo que ocurrió en este caso”.
Pero en rigor no se trataría solo de correcciones al fondo y forma de las normas establecidas para los conductores. Sino más bien observaciones o consultas que el servicio tenga del contenido de este con el fin de tener un panorama completo de toda la industria de las plataformas y sus nuevas tecnologías.
Desde el ministerio aclararon que esta se trata de una “acción regular, y que ya se ha aplicado para otras normativas”.
Por su parte, desde Alianza In -gremio que reúne a plataformas de movilidad como Uber, Didi, Cabify, entre otros- comentaron que “esperamos que el retiro del reglamento nos de una oportunidad para reanudar el diálogo entre todas las partes y buscar mejoras en los puntos que podrían afectar la movilidad de nuestros usuarios. Desde Alianza IN estamos a total disposición para trabajar en conjunto y contribuir en este proceso”.
Desde su presentación hace casi seis meses, el documento no estuvo libre de cuestionamientos. Aplicaciones como Uber, Didi y Cabify iniciaron una arremetida en contra el reglamento solicitando al ministerio poner marcha atrás a ciertos puntos del reglamento que gozaban de “vicios de ilegalidad” y que podrían dejar a 40.000 personas sin ingresos de la noche a la mañana.
Alianza In, de hecho, sostuvo en su momento que ”el reglamento incurre en vicios esenciales, que afectan de manera grave el funcionamiento de las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT) en nuestro país, pero además, y de manera más dramática, vulneran los derechos y garantías fundamentales de los conductores y de los pasajeros que utilizan aplicaciones de transporte”.
En febrero pasado, un análisis del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica cuantificó el impacto que la nueva ley tendría en los conductores de este tipo de aplicación. El reporte señaló que en diciembre de 2023 había 107.500 choferes de aplicaciones móviles y que, de ese total, solo el 15,5% cumplía con los requisitos de antigüedad, cilindrada y licencia. En número de conductores ese porcentaje se traduce en 16.700. En el desglose, el informe mostró que el 37,2% de los conductores no cumple con el requisito de antigüedad y cilindrada (39.900), mientras que el 62,8% sí lo cumple, lo que equivale a 67.510 choferes.
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