Se esperaba un “eléctrico” inicio de mes para el Ejecutivo, y así fue. Tras semanas donde el alza de la tarifa del servicio básico se instaló entre los principales temas políticos, este lunes el Ejecutivo sorprendió al poner sobre la mesa tres propuestas concretas para incrementar el financiamiento del subsidio que está en plena implementación. Ello, pese a que la mesa técnica asesora que conforman parlamentarios de las comisiones de Minería y Energía del Senado y la Cámara de Diputados sigue sesionando, incluso con jornadas extra durante esta semana, Sin embargo, la a gran sorpresa provino de una discusión paralela, pero en la cual no habían muchas lucas: cómo reducir el costo de la energía.
En cuanto a los recursos que permitan incrementar el beneficio, se plantean tres áreas diferentes. Una es la idea de aumentar el impuesto verde a las emisiones de carbono (CO2) a las fuentes fijas, propuesta que ya había sido rechazada en el marco de la discusión legislativa previa, pero en la cual el Ejecutivo busca insistir. Ello, pese a las incertidumbres planteadas desde diversos sectores sobre la predictibilidad recaudatoria de la medida, que grava principalmente a las centrales térmicas a carbón, en pleno proceso de retiro anticipado de dichas unidades generadoras.
Otra versa sobre la posibilidad de incrementar el financiamiento del Fondo de Estabilización de Tarifas (FET), el cual recibe fondos desde el Cargo por Servicio Público (CPS), un cobro que pagan todos los clientes del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de acuerdo a su consumo, por lo que mayoritariamente lo pagan los grandes clientes industriales. De hecho, la idea del gobierno es subir temporalmente ese cargo al segmento por sobre los 5.000 kWh.
Pero la tercera alternativa es una de las que más genera consenso: destinar la recaudación adicional del IVA que se genera como efecto del alza tarifaria. La propuesta fue detallada este lunes por el académico de la Universidad de Santiago, Hamburgo Verdejo.
El ministro de Energía, Diego Pardow, afirmó que estas tres líneas de financiamiento adicional tiene como objetivo “triplicar la cobertura del subsidio con estos tres pilares”. Sin embargo, reconoció que la cuantía del aporte de cada una dependerá del trabajo técnico con la mesa asesora.
“Hay algunas observaciones respecto a expectativas de recaudación de ambas cosas y hay un trabajo técnico grande por delante todavía”, dijo, aludiendo al impuesto verde y al efecto del IVA.
La idea genera consenso entre diversos expertos y actores de la industria y del parlamento, pues cuenta con un diseño claro respecto del origen y el destino de los recursos.
Ramón Galaz, director ejecutivo de la consultora Valgesta, aseguró que “es el camino correcto a seguir, pues finalmente son recursos que hoy día no están, recursos frescos y que se pueden destinar a concretar una cobertura total del 40% más vulnerable, y con eso queda todo dentro del mismo sector”.
Y aunque la respalda, para el senador RN Rafael Prohens, integrante de la comisión del ramo del Senado, es aún insuficiente. En ese sentido, aseguró que la recaudación adicional del IVA corresponde a US$1.200 millones de los más de US$6.000 que se acumularon como deuda con las generadoras, por lo que recordó que “siempre nos pareció muy absurdo que solamente financiara el 20% por año del subsidio y el resto lo tuviéramos que financiar entre todos los chilenos, siendo un subsidio cruzado”.
En ese sentido, sostuvo que “nos falta un monto mayor. Yo creo que el gobierno tiene recursos para llegar al 100% de los subsidios pagados por el Estado. Tiene recursos, como dije, del IVA, de la deuda con las generadoras”.
Tras conocerse estos detalles, la mesa técnica, contemplada en la Ley de Estabilización de las Tarifas Eléctricas, llegó al acuerdo de despachar un proyecto de ley a más tardar el 30 de julio. Para esto, sesionarán al menos dos veces por semana.
La mayor sorpresa de la jornada se la llevó la idea de realizar una reforma corta al régimen de abastecimiento de suministro a clientes regulados, de manera de permitir que este segmento pueda comprar energía directamente a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Esto permitirá, según cálculos del Ejecutivo, reducir en un 7% y de manera permanente el precio de energía traspasable a los clientes finales, y, por otra parte, generará beneficios sistémicos para los demás clientes y la industria. Esta idea ya había sido propuesta por Valgesta en su boletín de marzo.
Sin embargo, las propuestas divide a los actores, según de qué lado de cadena logística se encuentran.
Javier Bustos, director ejecutivo de Asociación de Clientes No Regulados (Acenor), ve con “con preocupación el anuncio de un mayor cargo a clientes comerciales e industriales de distintos tamaños, los cuales ya están financiando el 80% del subsidio eléctrico según la ley aprobada en abril pasado, y que con esta medida aumentaría la pesada mochila que ya llevan a cuestas. Creemos que se deben analizar otras alternativas más eficientes, para que no se sigan incrementando los cargos al cliente final”
En una línea similar, Camilo Charme, Director Ejecutivo de Generadoras de Chile, si bien valoró el interés del gobierno en buscar mecanismos para aumentar los recursos del subsidio, aseguró que “nos llama la atención que el foco de las propuestas apunte a que los clientes y la industria deban seguir financiando el pago de una deuda adquirida y renovada por el Estado desde el año 2019″.
Con todo, afirmó que “como hasta ahora, seguiremos disponibles para participar en este proceso, velando siempre por el respeto a los principios de seguridad y coherencia regulatoria, lo que permitirá mantener las condiciones de inversión en la transición energética”
Por su parte, Carmenmaría Poblete, directora legal Aediles Capital, firma que gestiona cartera de proyectos PMGD, indica que el anuncio del ministro de Energía de permitir que los clientes regulados compren energía a los PMGD “es una buena medida, que incentiva el uso de las energías renovables y permite aprovechar sus menores costos. Estamos a disposición de la mesa para colaborar en la construcción de la ley de modo de materializar estas ventas. Hoy el precio que perciben los PMGD por su energía es más bajo que el precio promedio de los contratos de suministro, y resulta lógico que esa diferencia se traspase a los consumidores para reducir sus cuentas”.
Rafael Loyola, de la Asociación pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas (Apemec), agrega que “llevamos años impulsando cambios regulatorios para los PMGD con el fin de poner freno a las distorsiones de mercado que la normativa les permite a través de un subsidio cruzado. Por eso, vemos con buenos ojos que el Gobierno se haga cargo de las consecuencias que el precio estabilizado de los PMGD produce en el sistema eléctrico. Creemos que se debe implementar una solución que ataque el problema de fondo mediante la modificación del precio estabilizado y pasar por alto otro tipo de propuestas, como incluir el bloque PMGD en licitaciones, que sólo implicarán problemas mayores para el sistema ya que no lograrán una solución frente al abultado costo de la energía y la sobre instalación de este tipo de centrales”.
Luigi Sciaccaluga, gerente de Desarrollo y Nuevos Negocios de Plataforma Energía agrega eso sí que “faltan detalles de cómo se piensa diseñar este esquema (de los PMGD) y no se conocen los números que fundan este 7%. Echo de menos en estos pilares una modificación al decreto tarifario de distribución para establecer tarifas de energía por bloques horarios y el fomento a los medidores inteligentes, con el fin de dar señales concretas de precio para la gestión de la demanda, eficiencia, reducción de costos e incentivos al consumo de energía renovable”.
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