Hace unos años el foco de preocupación de los analistas y del sector privado era cómo mejorar la productividad, cómo hacer sistemas tributarios que incentivaran la inversión y el ahorro, o el cómo mejorar la capacitación de los trabajadores y de esa manera mejorar el crecimiento.
Sin embargo, en el último tiempo y crecientemente durante los meses recientes, hechos de mayor connotación delictual como asesinatos, ajustes de cuenta y el avance del crimen organizado comenzaron a estar presentes ahora en los análisis macroeconómicos de los economistas, pero también de los empresarios.
En ese nuevo escenario, los economistas coinciden en que el aumento de la delincuencia genera efectos tanto en las decisiones de inversión como en los mayores costos que deben tener las empresas para financiar las mayores medidas de seguridad.
Una aproximación del impacto que esto puede generar en la economía es la estimación que realizó en octubre del año pasado el exministro de Hacienda y actual director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés. En un estudio en el que da cuenta de que América Latina, la región con el peor récord de criminalidad, podría aumentar en cerca de 0,5% el PIB anual si se logra reducir el nivel de criminalidad al promedio mundial.
Y en Chile, el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann, realizó junto a su equipo un análisis de cómo este fenómeno puede impactar en la economía chilena: “La evidencia internacional que recogimos a partir del número de homicidios por cada 100 mil habitantes por país y la dinámica económica en cada caso, apunta a que el incremento en Chile de estos delitos en los últimos años resta entre 2 a 3 décimas de crecimiento” anual en el mediano plazo, apunta.
Para el economista la inseguridad no sólo involucra una mayor necesidad de tomar medidas de protección, sino que además genera incertidumbre con efectos macro. La inversión se ve resentida, recogiendo los mayores temores y riesgo asociado, afectando la capacidad de crecimiento y el consumo”.
Otro experto que entrega cifras para tener una noción del impacto es Leonardo Hernández, director alterno de Clapes UC: “El costo de la delincuencia, en una estimación conservadora, alcanzó a 2,1% del PIB en 2022, esto es aproximadamente US$6.500 millones de ese año”.
Hernández sostiene que este costo se ve reflejado en que “las empresas evalúan los proyectos de inversión considerando un mayor costo en seguridad y/o riesgo de pérdidas por los robos. Además, hay actividades que se deben modificar o simplemente se dejan de hacer, como el hecho de que los restaurantes cierran más temprano o el comercio no abre en algunas fechas o zonas específicas”.
Otro costo que menciona es el gasto en recursos en cosas que antes no lo hacíamos entre ellas, las alarmas, rejas más altas y electrificadas. Todo esto es un costo social y en bienestar para las personas”.
Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal sumó datos: “Desde un punto de vista macro, desde Horizontal estimamos que el aumento del 14% de robos con violencia e intimidación el segundo trimestre del 2022 se asoció con una caída del producto de 0,9% del PIB”.
En su análisis menciona que para “la economía real afectan los sobrecostos de las empresas para protegerse de robos o ataques, el desincentivo a las inversiones por un mayor costo de capital y la pérdida de competitividad, en especial por la disrupción de las cadenas logísticas y canales de venta. Por el lado de las expectativas, un país menos seguro es un país menos atractivo para invertir”.
Natalia Aránguiz, socia y gerente de Estudios en Aurea Group, suma argumentos que ven efectos negativos en la inversión: “La preocupación por el costo de la delincuencia sobre la economía es un tema recurrente desde el estallido social. En ese momento, la vandalización, destrucción y robos sobre la propiedad privada y pública, se hicieron costumbre. El comercio fue tremendamente vulnerado. Por tanto, existen interesantes trabajos académicos que comenzaron a seguir el tema”.
El economista de LyD, Tomás Flores, también considera que algunos efectos de la delincuencia ya están presentes: “En el sector de restaurantes ya está afectando puesto que han tenido que acortar el horario de atención con el consiguiente efecto negativo en las ventas. Esto ha generado mayor gasto en todo tipo de empresas para resguardar a los trabajadores y clientes”.
Otra mirada entrega el economista de Euroamerica, Felipe Alarcón, quien sostiene que “seguramente, el ítem seguridad ya tiene alguna relevancia en curva de costos de la economía, pero eso es algo que ya tiene un cierto historial, no es algo nuevo. Ciertamente, con las condiciones actuales puede haber aumentado en lo último, particularmente ex post estallido social”.
Alejandro Fernández, economista de Gemines, ve también que estos hechos generan impacto negativo en la inversión: “Ya está incidiendo, porque aumenta los costos de emprender, pero sus efectos son de segundo orden comparado con todos los otros factores que afectan negativamente a la inversión”.
¿Quién debe medir sus efectos económicos?
En Chile no existe ninguna entidad que mida los efectos que la delincuencia y el crimen organizado puede generar en el Producto Interno Bruto (PIB). Y por ello, se abrió un debate sobre qué organismo es el más indicado para hacerlo: ¿Banco Central, Hacienda o la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad?. Ante esa pregunta, la mayoría de los economistas consultados se inclinan por el hecho de que sea este último organismo el que tenga esa misión.
Juan Ortiz, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) sostiene que “frente a la discusión para reactivar la inversión hoy la inseguridad es un gran cuello de botella. Y si bien la Comisión Nacional de Productividad hace estudios sectoriales en relación a la productividad, tiene la capacidad técnica para evaluar el impacto de la delincuencia en la productividad y la inversión privada”.
Flores también cree que la comisión de productividad “podría dimensionar este daño, utilizando experiencia comparada de países que lamentablemente han tenido la misma trayectoria hacia una delincuencia descontrolada”.
Fernández, si bien dice que “es difícil medirlo, pero si alguien debería hacerlo es la Comisión de Productividad”.
Aránguiz cree que la institución que debería hacerlo es el Banco Central: “El Banco Central usualmente publica recuadros en sus Informes de Política Monetaria, así como en el Informe de Política Financiera que suelen abordar temas como éstos. Además de genera documentos de trabajo e investigaciones con misceláneos temas. Por tanto, no me extrañaría ver investigaciones que aborden este preocupante asunto”.
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