El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó una nueva línea de crédito flexible de dos años para Chile por un monto de 13.800 millones de dólares.

Lo anterior, consigna el FMI, dado sus «muy sólidos fundamentos económicos y marcos de política institucional, y de un historial sostenido de políticas macroeconómicas muy sólidas».

En esa línea, pese a que el país continúa bajo «riesgos externos aún elevados» y con perspectivas de corto plazo sólidas, las autoridades solicitaron una reducción del acceso. «Se han comprometido a reducir gradualmente el acceso, condicionado a la evolución de los riesgos externos y tienen la intención de seguir considerando el acuerdo como precautorio», indicó el organismo.

Al respecto, el subdirector gerente del FMI, Bo Li, señaló: «Las perspectivas a corto plazo han mejorado gracias al repunte de las exportaciones mineras y a la recuperación del consumo. Sin embargo, la economía chilena sigue expuesta a elevados riesgos externos ligados a la incertidumbre en torno a un entorno de tipos de interés potencialmente más altos durante más tiempo en EE.UU., una ralentización en China y otros socios comerciales clave, y una intensificación de los conflictos regionales en el mundo».

Li destaca que las autoridades han aplicado políticas que «han resuelto en gran medida los desequilibrios macroeconómicos acumulados durante la pandemia». «Las ambiciones de reforma del Gobierno pretenden añadir dinamismo a la economía, haciéndola al mismo tiempo más inclusiva y más verde. En particular, los principales esfuerzos se dirigen a agilizar los permisos de inversión, aprovechar las oportunidades que ofrece a Chile la transición energética mundial, seguir aumentando los ingresos -principalmente mejorando el cumplimiento de las obligaciones tributarias- y reforzar la seguridad social», subraya.

Y agrega: «Los sólidos marcos de política institucional de Chile respaldan la resiliencia de la economía y su capacidad para responder a shocks. Incluyen un marco creíble de objetivos de inflación con un tipo de cambio flexible, un ancla de deuda y una regla de equilibrio fiscal estructural, así como una regulación y supervisión eficaces del sector financiero».

Este es el tercer acuerdo con Chile desde 2020, país con el que se han ido reduciendo gradualmente los créditos. El primer acuerdo firmado en mayo de ese año fue por un monto de 17.443 millones de DEG. El segundo acuerdo fue aprobado el 29 de agosto de 2022 por 13.954 de DEG.

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