El caso Audios estuvo marcado la semana pasada, en su arista judicial, por la prisión preventiva que se ordenó para el abogado Luis Hermosilla, pero también por la polémica que se levantó luego que el Presidente Gabriel Boric celebrara la medida que tomó la justicia. «Qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel», dijo el Mandatario el martes pasado.
Lo anterior significó una arremetida por parte del abogado defensor del imputado, Juan Pablo Hermosilla, quien junto con ingresar un recurso de amparo, pidió la copia de los chats de su hermano a la Fiscalía, y advirtió con publicarlos. Lo anterior, a sabiendas que pueden existir conversaciones con otros nombres vinculados a la política, justicia, ex autoridades y el mundo empresarial.
De todas formas, el lunes de esta semana el Presidente Boric se mantuvo en su postura. «No me afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que a los poderosos no se les puede tocar», precisó.
Sobre esta aseveración, Carlos Peña, rector de la UDP, comenta en su columna de El Mercurio de Valparaíso, que «el error en que incurre el Presidente es de comprensión. Porque quienes lo criticaron por sus palabras no lo hicieron para defender a la élite (de la que él, por supuesto, forma también parte), sino para defender las reglas y los procedimientos legalmente establecidos. Y esas reglas y esos procedimientos disponen que los juicios condenatorios han de efectuarse luego de un largo procedimiento adversarial, con rendición pública de las pruebas».
«Entonces, celebrar la prisión preventiva de alguien con nombre y apellido, como si fuera una decisión final, importa, rigurosamente hablando, desconocer las reglas y los procedimientos que ellas establecen. Desconocerlas no en el sentido cognitivo de la expresión (como si no supiera que existieran), sino desconocerlas en el sentido de despreciar o desdeñar lo que ellas establecen (podemos llamar a esto último un sentido moral)», añade.
El también columnista, remarca que el hecho de «recordar que el juicio aún no se inicia, y que Luis Hermosilla o cualquier otro que ha sido formalizado no es por ese hecho culpable, que esto último sólo puede ser establecido en un juicio adversarial, y que el Presidente no debe intervenir en él, no significa defender a los poderosos, sino que significa defender las reglas».
En esa línea, subraya que es verdad que el Presidente tiene derecho a emitir opiniones, «pero al hacerlo, como ha ocurrido en este caso, ha emitido una opinión errónea que daña el respeto que los ciudadanos deben a las reglas. El problema no es pues emitir una opinión, sino emitir una opinión que desconoce los deberes que su cargo le impone».
Peña plantea además una pregunta: «si no es la ignorancia acerca de su deber, ni la incomprensión acerca de los deberes mudos de su cargo lo que lo mueve a insistir en este punto, ¿cuál es la razón, cuál el móvil secreto que lo mueve a hacerlo?».
«Quizá lo que hay detrás de todo esto es la vieja convicción populista, la idea de que hay una minoría malvada, cicatera y tramposa (la élite) y un pueblo abusado y virtuoso (la mayoría) y que, por fin, un miembro de la primera es castigado y el segundo vengado siquiera vicariamente», añade.
En ese sentido, el rector añade que hasta ahora, «esa imagen populista se había usado en la refriega política», pero advierte que «lo grave -lo más grave y peligroso de todo- sería que ahora se la emplee irreflexivamente en cuestiones judiciales; porque si ello ocurre o se consienta que ocurra, se habrá desconocido el sentido del derecho, que no es el de satisfacer los impulsos ni de la mayoría ni de nadie, sino racionalizarlos, someterlos al ascentismo de la razón».
Por el contrario, describe Peña, el derecho es «la búsqueda de asentimiento racional para nuestros intereses o deseos. Eso es propio de lo humano que se subraya desde Aristóteles a Kant. Los animales desean y de inmediato actúan, los seres humanos desean y antes de actuar se preguntan si eso que desean satisface los criterios para considerarlo correcto. El derecho es la diferencia entre lo animal y lo humano. ¿Se desea castigar a Hermosilla? ¿Poner en prisión a este otro que robó o a aquel que mató? Pues bien, el derecho obliga -mediante las reglas y los procedimientos- a buscar asentimiento racional para lograrlo».
«Y mientras ello no ocurra, el Presidente y los funcionarios deben recordar las reglas y guardar silencio», cerró.
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