«Considerando todo lo bueno y lo malo, usted diría que el estallido social fue muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo para el país».
Esa fue la pregunta que se realizó en la encuesta 92 del Centro de Estudios Públicos, CEP, que se dio a conocer ayer miércoles. Esto, a dos semanas del quinto aniversario de las manifestaciones que cambiaron Chile.
Y un 50% de los encuestados considera que el estallido social fue muy malo o malo. Un 17% dijo que fue muy bueno o bueno, 30% señaló regular.
Cifra elevada, si se considera que en la CEP de diciembre del 2019, solo dos meses de iniciado el estallido, un 55% respondió que «apoyó» las manifestaciones. Aquella ocasión un 10% señaló que inicialmente las apoyó, pero luego rechazó. Y un 11% de plantón las rechazó.
El mismo centro de estudios volvió a consultar sobre este tema en agosto del 2021. Y aquí ya se evidenció cambio. La pregunta fue «Con respecto a las manifestaciones que empezaron en octubre 2019, Ud. diría que». Ya solo un 39% dijo que la apoyó, contra un 26% que las rechazó.
Otra encuesta, la Activa, también ha medido el nivel de aprobación de lo ocurrido el 18 de octubre del 2019. En el marco de su primer aniversario, un 61,7% de la población consideraba que el estallido fue positivo para Chile; mientras un 26,3%, negativo. Las principales consecuencias de este fenómeno, a juicio de la población, es que la ciudadanía ahora es más escuchada (55,7%) y la posibilidad de realizar un plebiscito para el cambio constitucional (52,5%).
Ya en 2022 las cifras se invertían. 54,1% de la población consideraba que el estallido social fue negativo para Chile. Un 29,9% consideraba que fue positivo y un 17,1% no sabe.
Así también, el año pasado el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (UNAB) dio a conocer una encuesta que, entre sus principales resultados muestra que la mayoría de las personas (58%) considera que los efectos que tuvo este episodio fueron «negativos, fomentó la violencia y la polarización», y el 25% afirma que fue «positivo, ayudó a que las demandas de la ciudadanía fueran escuchadas».
Criteria, otra de las encuestas que ha consultado sobre el estallido, el 2023, a cuatro años de ocurrido el fenómeno, mostró que un 45% creen que este hecho fue «más bien positivo para el país» contra un 55% que piensa que fue «más bien negativo». Ese mismo estudio realizado el 2022 registraba cifras al revés, con 45% negativo y 55% positivo. Mientras que en julio de 2020, el 67% decía que era «más bien positivo» contra 33% que pensaba lo contrario.
¿A qué se debe la caída en la aprobación del estallido?
Marco Moreno, analística político de la U. Central, consideró que el resultado es «consistente con el cambio que se ha ido verificando en el país en los últimos cinco años».
Específicamente, Moreno dijo que tras el estallido social se generó una demanda fuerte de cambio, situación que permitió «elegir al Presidente Gabriel Boric», y «elegir una primera convención de las características que tuvimos, muy de corte refundacional», pero que tras el aumento de las preocupaciones de los chilenos en materia de delincuencia, las prioridades cambiaron.
«En la medida que la crisis de seguridad comenzó a instalarse, el péndulo se movió desde el cambio, a una demanda de orden y seguridad, es decir, la gente hoy día privilegia los cambios, pero cambios que sean graduales, cambios incrementales, y en donde debe ir acompañado de una lógica de orden y seguridad», afirmó.
Mauricio Valdivia, Investigador de la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros, describió el estallido como algo «anómico», precisando que fue un periodo de certeza e incertidumbre «que generó consecuencias no solo sociales, sino que también individuales».
Agregando a lo anterior, Valdivia sostuvo que los chilenos ven «enfrentado a algo que incluso en algún momento alguien podría haber pensado que iba a ser para mejor», pero que tras los procesos constitucionales fallidos se generó «gran parte de la respuesta negativa en torno a la visión de lo que sucedió, incluso con arrepentimiento en el caso de muchos».
«Todo se ve más agravado del punto de vista de que hoy día vemos de que no sirvió para nada», concluyó.
Rocío Zepeda, experta en seguridad de la U. Mayor, comentó que tras cinco años «ya hay una decantación notable de las prioridades ciudadanas», y que «evidentemente después de una gran revuelta que no haya tenido los resultados que en ese momento se pidieron, ahora lo que se esta viendo son los factores negativos de dicha movilización».
Zepeda también explicó que «no hubo ninguna respuesta en lo concreto, las cosas siguen igual o incluso peor que antes, y es por eso que se llega a valorizar el tema de la revuelta popular como algo negativo».
«Quizás más adelante pueda haber una valoración más positiva cuando se vaya avanzando, pero por ahora es normal que la gente lo valore negativamente, porque insisto, no hay ningún resultado y estamos peor incluso que en ese momento», añadió.
Pablo Galain, investigador y Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, dijo bajo esta materia que «cuanto más pasa el tiempo, y se ve constante ese fracaso, pierde más sentido el estallido social».
Desde el lado judicial, Galain comentó que «haber concentrado toda la discusión en demostrar que hubo represión, sobre todo del Estado a través de la policía (…) no fue acertado en este sentido de apoyo de la ciudadanía en general al estallido social».
Alternativamente, Galain precisó que en materia de justicia de transición hay cuatro elementos clave: verdad; reparación de las víctimas; justicia y garantías de no repetición, las cuales se podrían haber realizado mediante una comisión del estallido.
«Cuando hablo de una especie de comisión de la verdad, no es solamente para saber qué estaba detrás de las motivaciones del estallido social, sino también de la participación del Estado en la represión (…) se investiga toda la verdad, no solo de las partes enfrentadas, sino de todas las que participaron en el conflicto», aclaró.
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