A las 09.00 horas de este miércoles se desarrolló la audiencia de cautela de garantías, solicitada por los abogados del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imputado por el delito de violación, quienes buscan obtener acceso a la información del caso, para construir la defensa.
En la audiencia, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, detalló que la investigación en contra de Monsalve es por «un delito de violación contra una víctima mayor de edad, que tenía una relación de subordinada y de dependencia con el imputado, y que se desarrolló los días 22 y 23 de septiembre en el Hotel Panamericano», junto con aclarar que se trata de una indagatoria «en curso» que apenas comenzó la semana pasada.
No obstante, el persecutor sostuvo que además se indaga un presunto delito de abuso sexual por sorpresa, que habría ocurrido el 1 de septiembre, y las actividades presuntamente realizadas por la PDI por orden de Monsalve, previo a la denuncia. Cuándo, con qué finalidad, qué resultado hubo de esas diligencias, y cómo se solicitaron, son parte de las dudas que busca resolver la indagatoria.
Se trataría entonces de un proceso de largo aliento, puesto que los hechos que habrían ocurrido en distintas fechas en el mes de septiembre quedaron expuestos en la denuncia que hizo la víctima el pasado 14 de octubre.
El tiempo transcurrido entre los presuntos hechos y la denuncia no es un detalle menor, en atención a la posibilidad de que hubiera alguna evidencia alterada, eliminada o extraviada, situación que deberá probar o descartar el Ministerio Público.
Una indagatoria de largo aliento
El escenario planteado por el fiscal, en torno a las eventuales aristas del caso y la recaudación de pruebas en curso, hace prever que se trata de una investigación de largo aliento, que debe dar paso a la construcción de un relato que luego pueda exponerse ante el tribunal para la imputación y eventual solicitud de una medida cautelar.
De hecho, el abogado penalista y académico de la Universidad Autónoma, Javier Castro, comenta a Emol que «el tiempo promedio de tramitación de un procedimiento penal por delito sexual es de 750 días (dos años y un mes)».
Por su parte, el abogado y exministro de Justicia, Isidro Solís explicó a Radio Universo explicó la relevancia del tiempo en las indagatorias de cara a esclarecer un hecho. «Cuando se inicia una investigación con muy pocas horas de ocurrido el delito, lo habitual es que encuentres mucho rastro físico que te ayuda en ello; cuando pasa una gran cantidad de días, esos elementos físicos van desapareciendo, por lo tanto, construir los elementos de imputación se va haciendo cada vez más difícil».
Así, los investigadores comienzan a depender «no tanto de las pruebas físicas o biológicas, sino que de testigos, de los exámenes de verosimilitud. El Ministerio Público debe ir con una causa muy fuerte, que garantice que, además de la formulación, sino que las medidas cautelares que obtengan, sean muy rigurosa», explicó el abogado.
«Seguramente van a pedir prisión preventiva para Monsalve, pero construir frente a un juez, que está obligado a ser imparcial, la necesidad de cautela que es la prisión preventiva, requiere entregarle muchos antecedentes, muchas pruebas, para convencerlo de que eso es necesario», detalló. Esto, junto con acotar que «yo me imagino que eso va a demorar».
La maniobra con la PDI
La construcción de la imputación contra Monsalve suma además la complejidad de las aristas que se abran en el camino. Ya en la audiencia de esta mañana, se abordaron otras dos que la Fiscalía tiene en la mira: el abuso sexual por sorpresa y las diligencias de la PDI que habría solicitado el propio Monsalve antes de recibir una denuncia en su contra.
Este último aspecto es relevante para el Ministerio Público, de hecho, ya se interrogaron a funcionarios de la PDI por esta arista, puesto que, según detalló el fiscal Armendáriz, «hubo una actividad previa, donde el imputado, aprovechándose de su condición y el tipo de funcionario público que era, en su contacto con la PDI, pidió llevar adelante diligencias para buscar antecedentes de cámaras respecto del 22 al 23 de septiembre».
El persecutor subrayó que pasaron casi tres semanas -hasta el 11 de octubre, cuando funcionarios de la policía civil llegaron al hotel a revisar las cámaras- en que el imputado Manuel Monsalve no pidió estas diligencias y no comunicó a nadie, al menos, de manera oficial y en razón de su cargo, esta situación.
«Lo hizo tres semanas después. Ahí se empezó a preocupar sobre qué pasó, por qué tenía la memoria borrada, y sobre todo, qué ocurrió en el intertanto: ‘¿sufrí algún tipo de atentado?, ¿me clonaron el teléfono?, ¿tengo algún dispositivo para obtener información?, ¿fui objeto de alguna suerte de secuestro? pero esa preocupación le viene tres semanas después, antes no. Creemos que aquello no obedece a una real situación de esa naturaleza, sino que el señor Monsalve empezó a pensar que iba a ser denunciado y que iba a ser imputado por un delito de violación», dijo el fiscal.
Eso, además, lleva al Ministerio Público a presumir, hasta ahora, que eventualmente «podría haber pérdida de antecedentes, de evidencia, o algún tipo de enmascaramiento respecto de los hechos».
Eventual prisión preventiva
Los abogados concuerdan en que es muy probable que Manuel Monsalve, una vez formalizado, quede con la medida cautelar de prisión preventiva. Esto, por la suma de factores como el resguardo a la víctima, la presunta alteración de pruebas y la gravedad del delito que se le imputa.
Castro sostiene que «la violación tiene una pena que está por sobre los 5 años de privación de libertad y la prisión preventiva está precisamente prevista para crímenes, como en este caso».
Solís agrega que «es muy probable» que esto ocurra. Según ejemplificó, «los culpables, cuando se inicia el procedimiento, lo primero que les ocurre es un estado de desesperación, y esto de tratar de cubrir pruebas, alterar realidades… esa es la actividad en la cual uno diría que el culpable se empieza a hundir en su propio barro».
Otros elementos a observar
El abogado de la U. Autónoma comenta que entre las dudas que deben resolverse en torno al caso, hay una que resulta relevante, y es «referida al uso de alguna sustancia que haya provocado la inconciencia de la víctima o incapacidad para reaccionar, que puede ser el alcohol o, incluso, alguna de las drogas que indica la ley del ramo».
Si es así, aclara, habría incluso un delito sancionado desde el año pasado en la Ley de Drogas. «Todo ello en el marco de lo que los penalistas denominamos, como sumisión química en el ámbito sexual, esto es, suministrar una sustancia o sin suministrarla, aprovechar que la víctima se encuentra bajo los efectos de alguna, para acceder sexualmente a ella».
Consultado por si entre la serie de diligencias que se deben hacer sería posible que se llame a declarar al Presidente Gabriel Boric -quien, entre otras cosas, dijo que Monsalve reconoció ante él que ordenó revisar las cámaras-, Castro comenta que esto es posible, «aunque bajos reglas especiales, la legislación vigente autoriza que se tome declaración al Presidente y otras autoridades».
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