La reciente implementación de la Ley Corta de Isapres, que regula la devolución de pagos indebidos a los afiliados, desató una nueva controversia entre el Gobierno y el Congreso. Los usuarios manifestaron su descontento por los irrisorios montos de las devoluciones, en algunos casos menores a $1.000 mensuales. Mientras tanto, ambas partes se culpan mutuamente por las condiciones aprobadas en la normativa.
Fue el pasado lunes 2 de diciembre, que la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, aseguró que lo aprobado no refleja la propuesta original del Ejecutivo. “Lo que se terminó aprobando no es la propuesta original del Gobierno. Nosotros advertimos las consecuencias que podía tener lo solicitado por el Parlamento respecto a los plazos. Y una de esas consecuencias es lo que estamos viendo”, dijo.
“Lo que terminó saliendo del Congreso fue fruto de un acuerdo con parlamentarios, quienes en comisión mixta solicitaron ampliar los plazos y nosotros expusimos lo que podía suceder con aquello. Ahí está el resultado de la legislación”, señaló la secretaria de Estado, refiriéndose a las cuotas de hasta 13 años en las devoluciones.
“No se puede esquivar la responsabilidad”
Sin embargo, desde el Congreso rechazaron categóricamente la acusación. “No es aceptable que la autoridad del Poder Ejecutivo mire hacia otro lado. Esta humillación ciudadana debe detenerse. Las devoluciones irrisorias son una burla y la Superintendencia de Salud tiene la facultad para revertir esta situación”, declaró el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud, en respuesta a la titular de la Segegob el pasado lunes.
En ese sentido, el también integrante de la instancia, el senador Francisco Chahuán (RN) cuestionó las prioridades del Gobierno, señalando que “se sobrealimentaron expectativas imposibles de cumplir. En vez de enfrentar esta crisis con soluciones técnicas que propusimos, el Ejecutivo nos llevó al Tribunal Constitucional”.
Por su parte, el senador Javier Macaya (UDI) criticó las “irresponsabilidades” del Ejecutivo: “Desde un principio advertimos las consecuencias de este modelo. El Gobierno descartó nuestras soluciones técnicas y ahora enfrenta el colapso del sistema de isapres. No se puede esquivar la responsabilidad cuando el superintendente, que aprueba los planes, es un funcionario del Ejecutivo”.
La propuesta de 13 años y su origen
El plazo máximo de 13 años para las devoluciones, que ha generado el rechazo de la ciudadanía, fue incluido en la propuesta del Ejecutivo. Según lo expuesto por la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, en la sesión del 8 de mayo del 2024 de la comisión mixta por la Ley Corta de Isapres: “El inciso segundo, establece el plazo global de la deuda, que está en 13 años. Hay que recordar que esta norma es de controversia porque fue rechazada y, por tanto, efectivamente el plazo de 10 años no pervive. La propuesta del Ejecutivo es establecer el plazo máximo de 13 años con la salvedad, como muy bien decía por su intermedio presidente, el senador Castro, respecto de la preferencia de los adultos mayores. En este caso tenemos dos preferencias. Entiendo que hay consenso respecto a las dos preferencias”.
Esta medida fue respaldada por parlamentarios de oposición, como el senador Javier Macaya (UDI), quien justificó la extensión del plazo. “Esto no es un beneficio para las instituciones, sino una forma de evitar que el costo recaiga en los usuarios del sistema. Si la deuda es tres veces mayor a lo proyectado inicialmente, no es realista pensar que puede devolverse en menos tiempo sin colapsar el sistema”, argumentó.
En esa línea, expresidente de la UDI indicó: “Desde esa perspectiva, siendo para mí, por lejos, es de las normas que más ayudan a la sostenibilidad del sistema y no haciendo que el costo recaiga en los hombros de los usuarios del sistema, me parece que es muy importante aprobarlo”.
Asimismo, el senador Francisco Chahuán (RN) defendió la propuesta, destacando que permitiría la sostenibilidad del sistema privado de salud. “Es fundamental entender que la ampliación a 13 años no es para beneficiar a las isapres, sino para garantizar que los afiliados no sean los más perjudicados”, señaló.
¿Y los usuarios?
Mientras Gobierno y Congreso se cruzan acusaciones, la ciudadanía continúa esperando soluciones concretas. La próxima semana, el superintendente de Salud, Víctor Torres, será citado al Congreso para explicar los detalles de los planes de pago y la supervisión realizada por su oficina.
Es más, en ese mismo contexto, la autoridad de Gobierno defendió la normativa, argumentando que la ley corta fue la única alternativa viable para evitar un colapso del sistema. “Esta fue la fórmula posible. Si la ley no cumplía con la posibilidad de darle sostenibilidad al sistema, las Isapres hubiesen caído todas en intervención, y estaríamos en el peor de los mundos”, expuso Torres a 24 Horas.
