El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió a la estrategia juridica empleada por la ministra de Defensa, Maya Fernández, en la investigación por presunto fraude al fisco que indagada La Fiscalía a raíz del intento de compra de la casa del expresidente, Salvador Allende.
La secretaria de Estado, representada por la abogada Paula Vial, decidió guardar silencio en la citación a declarar que le extendió la Fiscalía. Lo propio hizo la senadora Isabel Allende, quien también es defendida por la jurista, de modo que ambas han sido blanco de críticas por parte de parlamentarios, que echan en falta la colaración que comprometieron en el caso.
Al respecto, Valencia partió por sostener que «los tiempos, las lógicas de la política son distintas de las lógicas de una investigación penal. Desde el punto de vista de la investigación penal, el Fiscal Regional de Coquimbo lleva adelante una investigación que es ampliamente conocida, por las circunstancias en las cuales se habría acordado o lanzado la venta de una vivienda que perteneció al Presidente Allende».
«Esa investigación sigue por una cuerda y en aquella investigación, tal como en todas, no hay nadie sobre la ley, y las personas que tienen la calidad imputada pueden renunciar a su derecho o guardar silencio, y en consecuencia eso tiene un límite, una lógica, hacen lo que mejor les conviene de acuerdo a su estrategia defensiva», sostuvo.
Y agregó que «otra cosa es la política, pero respecto de la política, de las consecuencias, reflexiones políticas en torno al ejercicio de sus derechos de establecer la ley, a mí no me corresponde, ni tiene opinión ni comentario».
«Nosotros sí confiamos en que tal como en muchas investigaciones de esa naturaleza o que tienen que ver con actos del Estado, vamos a contar con la colaboración del Ejecutivo, como también de la Contraloría o de los demás que tienen en relación», indicó.
Consultado si el optar guardar silencio es colaboración, el persecutor apuntó que «el guardar silencio no es una forma de colaborar, pero la declaración del imputado no es una diligencia investigación, sino que es propiamente un derecho, es el derecho de una persona que está siendo investigada».
«En consecuencia, si va a cooperar o no cooperar penalmente en esa investigación penal, si se va a prestar declaración o no se va a prestar declaración como defensa, es una decisión que le corresponde al imputado», adicionó.
Cabe destacar que fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien sostuvo la semana pasada que «el ejercicio de los derechos nunca puede ser visto como un obstáculo a las investigaciones. Son parte de las alternativas que la ley considera».
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