Chile Vamos ha intensificado su estrategia comunicacional en redes sociales bajo el lema #DevuelvanLaPlata, exigiendo respuestas al gobierno por el caso ProCultura. Este hashtag se ha convertido en un símbolo de su campaña para denunciar lo que consideran un uso indebido de fondos públicos en convenios con la Fundación ProCultura.
Contexto del Caso ProCultura
La Fundación ProCultura, dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín, recibió del Gobierno Regional Metropolitano (GORE RM) un convenio de $1.683 millones para implementar el programa de prevención de suicidios «Quédate». Sin embargo, tras la designación de Larraín como director de la Corporación de Desarrollo del GORE RM en 2022, se cuestionó la legalidad de esta asignación, ya que la fundación no tenía experiencia previa en salud mental. Además, se alega que ProCultura no respondió a las solicitudes de rendición de cuentas del GORE RM, lo que llevó a la terminación anticipada del contrato en enero de 2024, recuperando solo una parte de los fondos asignados.
Acción Judicial de Chile Vamos
En octubre de 2024, Chile Vamos presentó una querella ante la Fiscalía Nacional por presuntos delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y tráfico de influencias en relación con el convenio entre el GORE RM y ProCultura . Además, solicitaron al fiscal nacional, Ángel Valencia, que se levante el secreto bancario de la ONG y se designe un persecutor especial para acelerar la investigación.
Reacción del GORE RM
En respuesta a las acusaciones, la Gobernación Metropolitana presentó una querella contra ProCultura por apropiación indebida, argumentando que la fundación no devolvió la totalidad de los fondos asignados tras la finalización anticipada del contrato.
Implicaciones Políticas
El caso ProCultura se enmarca dentro de una serie de investigaciones conocidas como el «Caso Convenios», que ha afectado a diversas organizaciones sin fines de lucro que mantenían contratos con el Estado. Chile Vamos ha utilizado este caso para cuestionar la gestión del gobierno en la asignación de recursos públicos y ha exigido una mayor transparencia y rendición de cuentas.
La campaña #DevuelvanLaPlata ha logrado una amplia difusión en redes sociales, movilizando a sectores de la ciudadanía que exigen justicia y esclarecimiento de los hechos. El caso continúa siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía, y se espera que en los próximos meses se definan responsabilidades y posibles sanciones.
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