La Contraloría General –encabezada por Dorothy Pérez– inició un proceso disciplinario contra el Gore Metropolitano por eventuales faltas a la probidad y desvío de $31.366.179 a la consultora Vera y Asociados S.A. (abril-septiembre 2024). El servicio de «asesoría especializada» habría financiado actividades de campaña para la reelección del gobernador Claudio Orrego, según evidencias del informe.
Hallazgos clave del organismo:
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Minutas electorales en coaching pagado con fondos públicos:
De 52 sesiones, solo 28 presentaron documentación. 16 minutas «aludían explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral (…) específicamente a la campaña en la que don Claudio Orrego Larraín se estaba presentando». Ejemplos contundentes:-
«¿Cuáles son tus principales preocupaciones de cara a la campaña?» (12/03/2024), donde una asesora mencionó sistemas de información electoral.
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La sesión del 13/03/2024 se tituló «campaña, campaña, campaña» y analizó estrategias contra Republicanos: «no caer en ninguna trampa» ante frases «ofensivas» de rivales.
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Discusión sobre ausencia en «listas presidenciales» (04/03/2024), donde se señaló que Orrego «cambió su forma de manejo» para mejorar su imagen.
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Uso de recursos para análisis político:
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En minutas del 29/04/2024, la unidad de comunicaciones abordó «la preocupación por las encuestas» y cómo posicionar a Orrego como «candidato a gobernador» sin interés en presidenciales.
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Registro de acuerdos con partidos oficialistas (11/07/2024): «lograron que aparecieran alcaldes de distintos partidos apoyando» (PS, Frente Amplio, PPD).
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Patrón de instrumentalización:
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Abuso de imagen institucional: Durante la campaña, hubo «uso abusivo de la imagen del gobernador en actividades del Gore y redes sociales con menciones innecesarias a su persona».
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Contexto procesal y defensa:
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Doble investigación: El caso corre paralelo a la pesquisa por ProCultura, donde Orrego es imputado y la UAF detectó «grandes retiros en efectivo».
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Respuesta del Gore: Negaron «rotundamente cualquier financiamiento a la campaña», argumentando que el coaching «no puede estar disociado del contexto político» y que mencionarlo «no implica un objetivo ajeno al institucional».
Consecuencias legales:
Contraloría remitió los antecedentes a la fiscalía para definir si inicia investigación de oficio.
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