La administración del presidente Donald Trump puso en marcha este lunes un nuevo veto migratorio que restringe la emisión de visas a ciudadanos provenientes de 19 países, como parte de una estrategia más amplia para endurecer los controles migratorios en Estados Unidos.
La medida, oficializada mediante una proclamación presidencial firmada la semana pasada, prohíbe la emisión de nuevos visados a personas que se encuentren fuera del país y provengan de 12 naciones, en su mayoría africanas y del Medio Oriente. Se trata de: Afganistán, Birmania (Myanmar), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
A estos se suman restricciones adicionales para ciudadanos de otros siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, quienes tampoco podrán acceder a visados si no tienen uno vigente y se encuentran fuera del país. Las autoridades aclararon que los visados ya emitidos seguirán siendo válidos, aunque las nuevas solicitudes serán rechazadas, salvo que cumplan con criterios de excepción estrictos.
Justificación de la Casa Blanca
En un video oficial, el presidente Trump justificó la medida asegurando que los países incluidos en la lista presentan “riesgos relacionados con el terrorismo y la seguridad pública”, además de deficiencias en los sistemas de verificación de identidad y una “histórica negativa a recibir a sus ciudadanos deportados”.
Trump también relacionó el decreto con el reciente ataque en Boulder, Colorado, cometido por un ciudadano egipcio que había sobrepasado el límite de su visa turística. Aunque Egipto no figura en la lista de países restringidos, el mandatario lo usó como ejemplo para subrayar el objetivo de prevenir situaciones similares.
Reacciones de rechazo
La medida ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y representantes de comunidades afectadas. Abby Maxman, presidenta de Oxfam América, aseguró que “esta política no trata sobre seguridad nacional, sino sobre dividir y estigmatizar a comunidades que buscan seguridad y oportunidades en Estados Unidos”.
En Newark, Nueva Jersey, la ciudadana haitiano-estadounidense Elvanise Louis-Juste expresó su preocupación por el veto: “Tengo familia en Haití y esto es muy perturbador. No creo que sea algo bueno”.
Desde Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro condenó la disposición, calificándola como una “campaña de estigmatización y criminalización” contra los venezolanos, país que ya ha sido objeto de diversas sanciones por parte de Washington.
Aspectos legales y técnicos
A diferencia de la versión original del veto migratorio de 2017 —impugnada judicialmente por dirigirse principalmente a países musulmanes— esta nueva versión se basa en reportes anuales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre las tasas de permanencia ilegal, lo que podría blindarla de nuevas demandas en los tribunales.
La orden afecta a visas de turismo, negocios y estudios. No altera la situación de quienes ya residen legalmente en Estados Unidos ni de quienes poseen la residencia permanente (green card).
Estrategia migratoria más amplia
Esta acción forma parte de una política más amplia de la administración Trump orientada a reducir las admisiones de refugiados, reforzar las deportaciones y endurecer los controles fronterizos. La Casa Blanca ha insistido en que la prioridad es proteger la seguridad nacional, aunque críticos aseguran que las políticas de inmigración han sido utilizadas con fines políticos y electorales.
Con esta nueva proclamación, el gobierno estadounidense endurece aún más su postura, en medio de un contexto internacional complejo y con múltiples comunidades migrantes observando con incertidumbre el desarrollo de estas medidas.
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