De manera transversal, los principales candidatos presidenciales manifestaron su rechazo al proyecto de ley conocido como “Ley Mordaza 2.0”, que busca sancionar penalmente la difusión de antecedentes de investigaciones judiciales en carácter de reservadas. La iniciativa ha sido duramente cuestionada por figuras de todo el espectro político, quienes alertan sobre sus implicancias en la libertad de prensa y el derecho a la información.
La moción, presentada por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), propone modificaciones al Código Procesal Penal para imponer sanciones de cárcel a quienes difundan información de causas penales bajo secreto, sin diferenciar entre funcionarios públicos y periodistas.
Si bien el objetivo declarado es evitar filtraciones que puedan perjudicar investigaciones en curso, críticos del proyecto señalan que la norma podría afectar coberturas periodísticas sobre casos emblemáticos de corrupción, como ProCultura, el caso Audio o los antecedentes en torno al exsubsecretario Monsalve.
Candidatos cierran filas contra la moción
Desde distintas candidaturas, el rechazo ha sido categórico. El diputado libertario Johannes Kaiser (PNL) fue uno de los primeros en rechazar el proyecto, señalando que “no se puede sancionar a periodistas o ciudadanos comunes por la falta a la ley de funcionarios públicos o de abogados inescrupulosos”.
En la misma línea, José Antonio Kast (Partido Republicano) declaró que “en una democracia sana, la libertad de prensa no se restringe: se protege y se promueve”. A su juicio, el proyecto contiene “artículos inaceptables” que podrían penalizar el ejercicio del periodismo en casos de interés público.
La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, también expresó reparos a la iniciativa:
- “Siempre se debe garantizar la libertad de prensa, de información y de expresión. (…) El proyecto busca sancionar las filtraciones por parte de funcionarios y no de periodistas, pero su implementación debe ser observada con atención”.
El abanderado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, fue más enfático:
- “No soy partidario de poner límites a la libertad de expresión. No creo en sanciones punitivas, solo en medidas pecuniarias cuando se actúa de mala fe”.
Desde el oficialismo, Carolina Tohá (PPD-PS-PR-PL) valoró la necesidad de proteger la reserva de causas sensibles, recordando su experiencia con la filtración de antecedentes en el caso del teniente Ojeda. No obstante, aclaró que “no creo que la manera de lograrlo sea sancionar a la prensa”.
Por su parte, la candidata del PC y el pacto Apruebo Dignidad, Jeannette Jara, coincidió en la necesidad de mayor control sobre las filtraciones, pero cuestionó la posibilidad de criminalizar el trabajo periodístico:
- “Pensar en que pueda penarse con cárcel la labor periodística, la verdad es que no me gusta”.
Debate abierto en el Congreso
Pese a que algunos de los senadores que apoyan el proyecto han señalado que su intención no es perseguir a los medios de comunicación, la redacción actual del texto no establece distinciones claras entre funcionarios y periodistas. Por ello, el debate en el Congreso será clave para determinar si se acotan los alcances de la iniciativa o si esta será archivada tras el rechazo ciudadano y político.
En medio del creciente escrutinio público sobre la transparencia y el rol fiscalizador de la prensa, la “Ley Mordaza 2.0” se perfila como un nuevo punto de tensión entre los poderes del Estado y el derecho a informar.
/psg
