El Pleno de la Corte Suprema resolvió rechazar por unanimidad el requerimiento presentado por diputados oficialistas para remover al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien se encontraba en la mira tras autorizar la polémica incautación del teléfono de la diputada Karol Cariola.
Para que la remoción prosperara, se requería el voto favorable de al menos cuatro séptimos de los ministros del máximo tribunal, condición que no se cumplió, cerrando así un proceso que tensionó los vínculos entre el Ministerio Público y sectores del oficialismo.
Los antecedentes del caso
Patricio Cooper es el cuarto fiscal regional en enfrentar una solicitud de este tipo ante la Corte Suprema en los últimos cinco años. El requerimiento fue ingresado por 10 diputados del Partido Comunista (PC), Partido Socialista (PS) y Frente Amplio (FA), luego de que el persecutor ordenara la incautación del teléfono celular de Cariola el pasado 3 de marzo, el mismo día en que la diputada dio a luz a su primer hijo.
La diligencia se enmarca en la investigación por la fallida compra de la clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, causa que Cooper comenzó a indagar cuando aún se desempeñaba en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Comunicaciones entre la exalcaldesa Irací Hassler y Cariola motivaron al fiscal a abrir una causa paralela por presunto tráfico de influencias.
Acusaciones y defensa
Durante la audiencia, la abogada Karinna Fernández, representante de los parlamentarios requirentes, acusó al fiscal Cooper de negligencia grave, señalando que habría entregado información reservada a terceros ajenos a la investigación, específicamente a funcionarios de la Municipalidad de Santiago, en relación al caso “Chinamart” que vincula a Cariola y al empresario Bo “Emilio” Yang.
“Estamos ante un fiscal regional que se comporta como litigante”, dijo Fernández, y agregó que su actuar “vulneró derechos fundamentales como el debido proceso, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones”.
Por parte de la defensa, el abogado Matías Insunza defendió la legalidad de la incautación del teléfono de Cariola, enfatizando que fue autorizada por la jueza Carla Cappello Valle del 7° Juzgado de Garantía de Santiago y ejecutada por la Policía de Investigaciones (PDI).
Insunza también recordó que el abogado Juan Carlos Manríquez, quien representó a Cariola, se desistió de su petición para anular la diligencia, lo que, según el defensor, demuestra que no hubo ninguna irregularidad ni negligencia manifiesta.
“La pregunta es si se acreditaron las conductas imputadas en el requerimiento. La respuesta es un contundente y rotundo no”, afirmó Insunza.
La resolución de la Corte
Tras escuchar los argumentos, el Pleno de la Corte Suprema deliberó en privado. A las 17:13 horas, la vocera del máximo tribunal, la ministra María Soledad Melo, dio a conocer la resolución: el requerimiento fue desestimado por unanimidad.
“Quedamos muy satisfechos con la resolución. La República puede estar tranquila de que este es un tribunal de derecho, donde la política no ingresa sino que se resuelve en función del mérito de las pruebas”, declaró el abogado Insunza.
Cooper siguió la audiencia de forma remota, y fue informado telefónicamente del fallo por su defensa.
Otros casos políticos vinculados a Cooper
El fiscal Patricio Cooper ha estado a cargo de varias investigaciones sensibles para el oficialismo. Entre ellas, la fallida compraventa de la casa de la familia Allende en calle Guardia Vieja, así como causas relacionadas con los convenios de la fundación ProCultura.
En esta última investigación, su continuidad fue cuestionada cuando la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegales las escuchas telefónicas ordenadas contra Josefina Hunneus, lo que llevó al fiscal nacional, Ángel Valencia, a remover a Cooper del caso.
Precedentes en la Corte Suprema
Con este fallo, Cooper se suma a la lista de fiscales regionales que han logrado permanecer en sus cargos pese a intentos de remoción:
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En 2020, se rechazó la solicitud contra Emiliano Arias (O’Higgins), promovida por el entonces fiscal nacional Jorge Abbott.
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En 2023, la Corte también desestimó la remoción de Marcela Cartagena (Biobío), pese a críticas por el caso del niño Tomás Bravo.
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Y en 2024, la solicitud contra Xavier Armendáriz (Fiscalía Centro Norte) fue motivada por parlamentarios de oposición, quienes lo acusaban de falta de imparcialidad en causas del estallido social. También fue rechazada.
El rechazo al requerimiento contra Cooper marca un nuevo precedente sobre los límites institucionales entre la fiscalización política y la autonomía del Ministerio Público, en medio de un clima de alta sensibilidad por las investigaciones judiciales que involucran a figuras del oficialismo.
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