El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, abordó por primera vez públicamente la decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia, de trasladar la investigación del caso ProCultura a la región de Antofagasta, luego del fallo de la Corte de Apelaciones que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Hunneus.

Cooper afirmó que no tomó como “personal” la medida y la calificó como una decisión “correcta”, apuntando a que lo más relevante es el avance exitoso de la causa.

“Entiendo perfectamente la decisión tomada por el fiscal nacional, porque efectivamente lo más importante aquí es el éxito de la causa”, expresó.

Asimismo, recalcó que como parte de la estructura jerárquica del Ministerio Público, acató sin reparos la resolución de su superior.

“A mí me preguntaron una vez en la calle: ¿usted qué opina? Yo no opino. Una acción jerárquica como esta, yo acato, y me quedo con él, porque me sentí respaldado por el fiscal nacional», agregó.

Traspaso de una causa compleja

El persecutor reveló que al momento de hacer el traspaso al fiscal Juan Castro Bekios, entregó todo el material acumulado durante la investigación, el cual comprende 34 aristas, 174 tomos y más de 75 mil fojas.

“Tiene que analizar las 75 mil fojas y los 174 tomos y tiene que tomar decisiones. Y eso obviamente que hay un periodo de transición entre una fiscalía regional y la otra y eso es lo que creo que ha ocurrido”, señaló Cooper, evitando criticar los tiempos del nuevo equipo a cargo.

En esa línea, reveló que ya se había tomado la decisión de formalizar a 14 personas vinculadas a ProCultura, y que esa etapa estaba lista para concretarse “en el cortísimo plazo”.

“Se había tomado la decisión de formalizar a las 14 personas de ProCultura”, indicó.

Aunque dijo desconocer si el fiscal nacional estaba al tanto, confirmó que la unidad especializada de la Fiscalía Nacional sí tenía conocimiento de la inminente formalización.

Razones detrás del cambio de fiscalía

Para Cooper, el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que dejó sin efecto las escuchas telefónicas, habría sido un factor clave en la decisión de trasladar la causa. A su juicio, podría haber sido inconveniente que el equipo de Coquimbo continuara con el caso en esa jurisdicción.

“Me parece correcta la decisión del fiscal nacional de tomar una decisión en ese momento, para que otro equipo asumiera”, reflexionó.

¿Hubo financiamiento ilegal de la política?

Consultado sobre si logró determinar si fondos de ProCultura fueron utilizados para financiar la campaña del Presidente Gabriel Boric, Cooper fue tajante.

“La arista de financiamiento ilegal de la política no estaba desarrollada. Había atisbos, pero eso no estaba desarrollado”, sostuvo, descartando que se haya profundizado esa línea investigativa durante su gestión.

Aclaró que las formalizaciones planeadas estaban enfocadas en delitos de fraude al fisco y que involucraban a personas de distintos niveles jerárquicos dentro de la fundación, incluido su entonces director ejecutivo, Alberto Larraín.

“Estoy hablando de Alberto Larraín para abajo, de 14 personas de distintos niveles jerárquicos y operativos de distintas regiones, que eran de la fundación propiamente tal, por fraude al fisco”, puntualizó.

Cooper cerró su intervención señalando que no tiene más comentarios sobre el caso, ya que “ya es una causa que yo no tengo y lo otro sería aventurar”.

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