Tras los disturbios registrados este lunes en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto a los parlamentarios Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, integrantes de la Comisión de Educación, solicitaron acelerar la tramitación de un proyecto de ley que excluye del beneficio de gratuidad universitaria a estudiantes sancionados por actos violentos, tanto dentro como fuera de los establecimientos educativos.
Proyecto “Aula Segura 2.0” vuelve a escena
La propuesta, presentada originalmente en 2018 por parlamentarios de la UDI, fue bautizada como “Aula Segura 2.0”, en alusión a la ley vigente que faculta a los directores a sancionar e incluso expulsar a alumnos que incurran en violencia grave.
La nueva versión busca profundizar las sanciones, estableciendo que los estudiantes sancionados por hechos de violencia no puedan acceder a la gratuidad universitaria ni a otros beneficios estatales de educación superior.
Graves hechos en el INBA: “No tiene sentido que reciban gratuidad”
El llamado de los diputados gremialistas se da luego del violento incidente ocurrido en el acceso del INBA, donde encapuchados rociaron con bencina al jefe de seguridad del liceo y lanzaron bombas molotov.
Frente a este contexto, los legisladores calificaron como “primordial” reactivar la iniciativa y criticaron que “es realmente ilógico que un estudiante secundario que haya sido sancionado por participar en un acto grave de violencia (…) pueda después acceder y recibir la gratuidad universitaria”.
“Si hay alumnos que se dedican de manera permanente a atentar contra sus establecimientos, contra los profesores y están provocando un daño profundo a la educación pública, no tiene ningún sentido que puedan acceder a la gratuidad universitaria en un futuro”, afirmó el diputado Guillermo Ramírez.
Además, los parlamentarios destacaron que el proyecto podría tener un efecto disuasivo, señalando que: “Los estudiantes van a saber que si participan en uno de estos incidentes no podrán postular a la gratuidad ni a otros beneficios una vez que egresen”.
Investigación por posible intervención de adultos
Paralelamente, la bancada UDI solicitó al Ministerio Público designar un fiscal preferente para investigar la posible participación de adultos en los actos violentos registrados en establecimientos escolares.
Según los diputados, existen antecedentes que sugieren apoyo externo a los estudiantes violentistas, lo que requiere especial atención: “Todo apunta a que los violentistas disfrazados de estudiantes estarían recibiendo un apoyo externo, por parte de adultos (…). Ya ha ocurrido en años anteriores y no existe ninguna razón para no sospechar que hoy pueda estar sucediendo exactamente lo mismo”, enfatizaron.
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