En el marco del denominado Caso Farmacias, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó una acusación formal contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, solicitando una pena de 18 años de presidio, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante al menos 10 años.
La acusación fue ingresada ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, e incluye cuatro delitos en calidad de consumados, según el Ministerio Público:
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Fraude al fisco (consumado y reiterado)
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Estafa
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Cohecho
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Delito concursal
Detalle de las penas solicitadas por la Fiscalía
Fraude al fisco (consumado y reiterado)
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Pena solicitada: 12 años de presidio mayor en su grado medio
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Multa: Equivalente a la mitad del perjuicio causado: 8.787 Unidades Tributarias Mensuales (UTM)
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Inhabilitación: 10 años para ejercer cargos, empleos u oficios públicos
Estafa
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Pena solicitada: 3 años y un día de presidio
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Multa: 21 UTM
Cohecho
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Pena solicitada: 820 días de reclusión menor
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Multa: $19 millones de pesos
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Inhabilitación: 5 años para ejercer cargos públicos
Delito concursal
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Pena solicitada: 541 días de presidio
Contexto del Caso Farmacias
El Caso Farmacias involucra a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), organización fundada durante la gestión de Jadue como alcalde de Recoleta, y que ha sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades en la adquisición de insumos médicos durante la pandemia, así como en el manejo financiero de la entidad.
El Ministerio Público sostiene que Jadue habría incurrido en maniobras fraudulentas que afectaron directamente al fisco, además de recibir pagos indebidos y participar en gestiones que favorecieron a ciertas empresas proveedoras, en perjuicio del Estado y otras entidades públicas.
Próximos pasos judiciales
Con la presentación de esta acusación formal, el caso avanza hacia la etapa de preparación del juicio oral, donde se definirá si las pruebas presentadas son admisibles y se fijará fecha para el juicio. La defensa de Jadue aún no se ha pronunciado públicamente sobre la solicitud de la Fiscalía.
Esta solicitud marca un hito en uno de los casos de presunta corrupción municipal más relevantes de los últimos años, y podría tener importantes repercusiones políticas y judiciales en el país.
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