Los tiempos de tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) están afectando directamente a variables clave de la economía chilena. Así lo revela un informe de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), que advierte que al 30 de julio de 2025, un total de 121 proyectos en evaluación presentan tiempos excesivos de tramitación, es decir, superiores a la mediana histórica de los últimos cinco años.
Si bien el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) opera dentro de los plazos legales establecidos, el estudio detalla que los tiempos efectivos aumentan significativamente cuando los titulares de los proyectos solicitan suspensiones voluntarias para responder a nuevas exigencias planteadas durante el proceso de autorización ambiental.
El “coste permisológico” alcanza los US$ 2.013 millones
El informe de la Sofofa estima que el impacto económico de estas demoras alcanza los US$ 2.013 millones, cifra que corresponde a los recursos que dejan de generarse cuando las inversiones permanecen detenidas, a la espera de luz verde ambiental.
“El retraso en la aprobación de estos proyectos implica una pérdida estimada de US$ 4,3 millones por cada día de detención”, señala el documento, evidenciando el alto costo de oportunidad que enfrenta la economía nacional.
Una tramitación más ágil como clave para el crecimiento
Desde el mundo empresarial, este fenómeno ha sido catalogado como un “cuello de botella estructural” para la inversión, especialmente en sectores como la energía, minería, infraestructura y desarrollo industrial.
“No se trata de eliminar evaluaciones ni flexibilizar estándares ambientales. Se trata de tener procesos más predecibles, técnicos y eficientes”, sostienen fuentes de la Sofofa.
El debate sobre la reforma al SEIA sigue abierto
La discusión sobre cómo mejorar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ha estado presente en distintas mesas de trabajo del Ejecutivo y en la Unidad Consultiva de Reforma al Estado, donde se busca modernizar el aparato público sin debilitar los marcos regulatorios.
Según expertos, una de las propuestas más comentadas es la digitalización de trámites, la estandarización de criterios técnicos y el fortalecimiento del SEA con mayor dotación profesional.
“Un SEIA más robusto y moderno permitiría reducir los tiempos sin afectar el estándar ambiental”, han argumentado representantes del sector privado y de la academia.
Proyectos paralizados, empleo detenido
La paralización de proyectos no solo implica pérdida de capital, sino también una menor creación de empleos y una frenada en la reactivación económica. Según cálculos del gremio, de los 121 proyectos afectados, más del 60% pertenece a sectores con alta intensidad laboral, lo que agrava aún más el impacto social del retraso.
La alerta lanzada por la Sofofa busca instalar el tema en el centro del debate público y avanzar hacia una reforma que destrabe inversiones, mejore la competitividad del país y, al mismo tiempo, mantenga los altos estándares de protección ambiental que Chile ha consolidado en las últimas décadas.
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