El Partido Social Cristiano (PSC) presentó este lunes un oficio ante la Contraloría General de la República, solicitando una investigación sobre posibles faltas a la prescindencia electoral por parte del Gobierno, en el marco de la campaña presidencial. Según la denuncia, desde La Moneda se estaría favoreciendo de forma indebida a la candidata oficialista Jeannette Jara, en desmedro del abanderado republicano, José Antonio Kast.
La denuncia fue encabezada por la presidenta del PSC, Sara Concha, quien acusó que «La Moneda y los ministerios se están convirtiendo en un comando» a favor de la exministra de Trabajo. A su juicio, incluso las vocerías ministeriales estarían siendo utilizadas con fines electorales.
Ministros en la mira por críticas a Kast
La polémica se originó tras los cuestionamientos emitidos desde el Ejecutivo —específicamente desde los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Camila Vallejo (Segegob) y Nicolás Grau (Economía)— a la propuesta incluida en el programa de Kast, conocida como “Chao Préstamo”, que busca eliminar el mecanismo actual de financiamiento estatal de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
«No se está cumpliendo con la prescindencia establecida en la Constitución», insistió Concha, apuntando directamente al uso político de fondos públicos y recursos institucionales.
El diputado Roberto Arroyo (PSC) fue más allá y denunció una reunión vía Zoom que, según afirmó, el propio presidente Gabriel Boric habría encabezado en La Moneda para coordinar candidaturas en el distrito 8:
«Si quieren hacer campaña, que renuncien. Pero no pueden usar recursos del Estado. La prescindencia debe ser respetada en todo ámbito», sentenció.
Elizalde responde: “No es intervencionismo, es defensa de reformas”
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, desestimó las acusaciones en declaraciones a Radio Cooperativa, afirmando que: «Cuando el Gobierno impulsa una iniciativa y alguien realiza una crítica infundada, a veces basada en fake news, corresponde que las autoridades aclaren los hechos».
Elizalde aseguró que defender el sentido de una reforma no constituye intervención electoral, sino ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
Kast reacciona: “Les pedimos prescindencia”
El abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, respaldó la acción del PSC y exigió al Gobierno actuar con neutralidad frente al proceso electoral: «Le pedimos al Gobierno que gobierne para todos los chilenos y tenga la prescindencia necesaria. Esa certeza la puede entregar la Contraloría», afirmó.
Kast ironizó sobre el rol del ministro Elizalde y añadió: «Si no ha cometido ninguna falta, debería agradecer la fiscalización. Pero si lo ha hecho, esto será una advertencia».
Además, lanzó una crítica directa al Gobierno: «Enfréntense a los delincuentes, no a nosotros. El ministro del Interior debería estar controlando las cárceles, no opinando sobre programas de candidatos».
Vallejo: “La prescindencia se respeta, pero también tenemos el deber de defender reformas”
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió también a las acusaciones, asegurando que el Ejecutivo ha actuado en «total y absoluto respeto a la prescindencia», según las directrices establecidas por el Presidente Gabriel Boric y la Contraloría General de la República.
«Nosotros somos voceros de reformas que benefician a las personas y las vamos a defender», sostuvo Vallejo.
La ministra enfatizó que no se trata de hacer campaña, sino de «evitar retrocesos en políticas públicas construidas con años de esfuerzo», como la PGU.
«Por más que intenten silenciar al Gobierno, vamos a insistir en defender estas reformas», concluyó.
Contexto electoral tenso
El conflicto surge en un momento de alta tensión preelectoral, con la campaña presidencial avanzando hacia su fase más decisiva, y con acusaciones cruzadas entre los comandos y el Ejecutivo. Mientras desde la derecha exigen que se respete el principio de prescindencia, el Gobierno insiste en que la defensa de reformas sociales no puede ser entendida como intervención electoral.
Ahora será la Contraloría la que deberá pronunciarse sobre si las actuaciones del Gobierno han vulnerado o no el marco de neutralidad política exigido por la ley
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