En una sesión clave, la comisión de Gobierno del Senado aprobó este miércoles la indicación del Ejecutivo que restablece la multa por no sufragar, una pieza fundamental del proyecto de voto obligatorio que había sido rechazada la semana pasada en la Cámara Baja. La maniobra no solo reactiva la sanción económica, sino que el Gobierno la utilizó como moneda de cambio para impulsar en paralelo una estricta reforma al voto extranjero.
La sanción económica aprobada
Tras descartar otras propuestas de senadores oficialistas y de oposición, la comisión dio luz verde al texto del Gobierno. Este fija una multa que oscila entre 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a un rango de $34.632 a $103.897, calculado con la UTM de septiembre de 2025. La iniciativa fue despachada a la Sala del Senado para su próxima discusión.
La estrategia de dos pilares del Ejecutivo
El movimiento en el Senado revela la estrategia legislativa del Gobierno. La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, explicó durante la sesión que el objetivo es viabilizar dos iniciativas de manera paralela:
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Reponer la multa por no votar: Se retoma el proyecto originado en una moción de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), que establece la sanción y el procedimiento para su cobro.
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Restringir el voto extranjero: Lobos anunció que se ingresará una reforma constitucional para modificar el artículo 14 de la Carta Magna. “Para elevar los requisitos para que los extranjeros puedan sufragar en las elecciones de todo tipo”, señaló la secretaria de Estado. Esta reforma, que exigiría un mayor tiempo de avecindamiento y cédula de identidad vigente, aplicaría para el proceso electoral siguiente al de 2025.
Trasfondo y proyecciones
La aprobación de la multa en comisión marca un contrapunto con lo sucedido la semana pasada en la Cámara de Diputados, donde se despachó el voto obligatorio pero sin la sanción monetaria, pese a un acuerdo previo del Ejecutivo con la presidencia de la Cámara. La jugada del Gobierno hoy parece buscar asegurar, en el Senado, los votos necesarios no solo para la multa, sino también para la más ambiciosa reforma constitucional que restringe el sufragio de extranjeros, vinculando ambos temas en una misma negociación.
