El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó el recurso presentado por la defensa del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien había acusado vicios de forma en el requerimiento interpuesto por consejeros regionales (cores) de oposición que buscan su destitución del cargo.
Con esta decisión, el Tricel resolvió admitir a trámite el requerimiento que acusa al gobernador Orrego de faltas a la probidad y abandono de deberes, en una causa que podría derivar en su remoción del cargo.
“Téngase por interpuesto el requerimiento”, indica la resolución dictada por los ministros del Tricel Arturo José Prado Puga (presidente), Mauricio Alonso Silva Cancino, Adelita Inés Ravanales Arriagada, María Cristina Gajardo Harboe y Gabriel Héctor Ascencio Mansilla.
Ratificación personal y seriedad del requerimiento
En su argumentación, el tribunal destacó que los consejeros regionales requirentes acudieron personalmente ante la Secretaria Relatora del Tribunal, donde ratificaron su presentación, lo que permitió “establecer de forma indubitada su identidad y su interés en promover el requerimiento de remoción”, dotando a la acción legal de “el grado de seriedad suficiente”.
Asimismo, la resolución señala que la forma en que los cores concurrieron al proceso cumple con las exigencias normativas vigentes para este tipo de acciones.
“Por estas consideraciones y citas legales, se rechaza el recurso de reposición”, concluye el fallo respecto a la presentación hecha por la defensa del gobernador Orrego.
Voto dividido en el Tricel
La resolución fue acordada por mayoría, pero no de manera unánime. El exdiputado y ministro del Tricel, Gabriel Ascencio, emitió voto en contra, argumentando que correspondía acoger la solicitud de la defensa y declarar inadmisible el libelo presentado por los consejeros regionales.
Argumentos de la defensa de Orrego
La defensa del gobernador, representada por los abogados Máximo Pavez, Emiliano García y Pablo Toloza, había acusado que los consejeros no fueron correctamente identificados y que la representación legal de sus abogados se habría cursado de manera incorrecta. Sin embargo, el tribunal descartó dichos argumentos.
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