El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este jueves a 27 años y tres meses de cárcel por delitos contra la democracia. Sin embargo, no ingresará de inmediato a prisión: su defensa aún puede apelar para posponer la ejecución de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte Suprema, donde cuatro de los cinco jueces lo declararon culpable.
La condena incluye los cargos de intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado. Otros siete acusados fueron igualmente sentenciados en la misma causa.
Tras la decisión, las defensas disponen de un plazo para presentar recursos. En el caso de Bolsonaro, solo es posible interponer los llamados “recursos de aclaración”, que buscan precisar aspectos formales del texto final de la sentencia. Estos podrían derivar en una reducción de la pena o en un aplazamiento de su cumplimiento, pero no en una revisión de fondo por parte del plenario del Tribunal. Esta última opción requería al menos dos votos divergentes, pero Bolsonaro solo contó con el apoyo de un juez, quedando descartada.
Si se presenta un recurso, será el magistrado Alexandre de Moraes, relator del caso, quien lo evalúe y determine la fecha de inicio de la condena. Una vez agotadas las instancias de apelación, la sentencia será firme. En Brasil, las penas superiores a ocho años deben cumplirse en régimen cerrado, aunque la edad de Bolsonaro (70 años) y sus problemas de salud podrían permitirle solicitar el beneficio de prisión domiciliaria, una posibilidad que su defensa ya considera.
El antecedente más cercano es el del expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), a quien el Supremo autorizó cumplir su condena en régimen domiciliario debido a sus condiciones médicas. Actualmente, Bolsonaro ya se encuentra bajo arresto domiciliario por incumplir medidas cautelares en otro proceso judicial.
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