A pesar del rechazo en la Cámara de Diputados a la reforma constitucional que buscaba rebajar la dieta y eliminar las asignaciones para los expresidentes de la República, el tema sigue generando debate en el Congreso y podría resurgir durante la discusión del Presupuesto 2026.
La iniciativa —que fusionaba mociones de diputados como Pamela Jiles y Carlos Bianchi— apuntaba directamente a evitar que el presidente Gabriel Boric reciba beneficios una vez que deje La Moneda en marzo de 2026. Sin embargo, la negativa a legislar implica que no podrá discutirse una nueva reforma sobre el mismo tema hasta septiembre de 2026.
Asignaciones bajo lupa en el Presupuesto: $830 millones para expresidentes
Pese al revés legislativo, la discusión quedó abierta dentro del debate presupuestario. La Dirección de Presupuestos (Dipres), dependiente del Ministerio de Hacienda, incorporó en el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 una partida de $830 millones anuales para expresidentes, cifra que incluye $151 millones adicionales por los nueve meses del expresidente Boric durante 2026.
“Considera recursos de continuidad para el financiamiento de los tres expresidentes que actualmente existen (Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet) y recursos para Boric una vez terminado su mandato”, señala el documento.
Estos fondos cubrirían:
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Dieta mensual de $7,3 millones, respaldada por la Ley 19.762
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Asignaciones de oficina, personal y traslados, que no están explícitamente reguladas por ley, pero han sido justificadas por acuerdos administrativos del Senado
Controversia: ¿Gastos blindados como ley permanente?
Un punto crítico es que la Dipres calificó estos recursos como “gastos con carácter de ley permanente”, lo que impide que sean reducidos durante la discusión del Presupuesto, de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución. Este artículo establece que el Congreso no puede modificar ni reducir gastos establecidos por ley permanente.
Este «cerrojo legal» ha generado molestia en sectores de la oposición, ya que permitiría mantener las asignaciones sin posibilidad de veto parlamentario. Algunos diputados anticipan que podrían impugnar ante el Tribunal Constitucional la interpretación del Ejecutivo, aunque este cuenta con mayoría oficialista en esa instancia.
Críticas desde la oposición: “Una bofetada para los pensionados”
El diputado Andrés Longton (RN) fue enfático: “Esto no es un debate contable, es un debate moral. No hay justificación para que un expresidente de 40 años, en perfectas condiciones de trabajar, reciba $151 millones adicionales financiados por todos los chilenos”.
Desde el Partido Republicano, el diputado Cristián Araya también cuestionó al presidente Boric, acusándolo de “blindar por ley permanente sueldos, oficinas, personal y viajes”, pese a haber impulsado —en su rol de diputado— una rebaja de estas mismas asignaciones tras el estallido social.
¿Son legales las asignaciones a expresidentes? El origen del debate
El origen de las asignaciones data de un acuerdo político del año 2000, cuando se reguló el “estatuto de los expresidentes” mediante la Ley 19.672, como parte de una estrategia para lograr la salida de Augusto Pinochet del Senado, tras haber asumido como senador vitalicio.
Esa ley establecía que los expresidentes recibirían dieta y asignaciones equivalentes a la de un parlamentario o ministro de Estado. Sin embargo, en 2020, tras las reformas post-estallido social, se eliminaron las asignaciones de la Constitución, quedando solo la dieta mencionada expresamente en el artículo 62.
“Los diputados y senadores —y por extensión, los expresidentes— percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado”, señala hoy la Carta Magna.
El vacío legal dejó en entredicho la legalidad de continuar pagando asignaciones, y un informe del fiscal del Senado, Javier Norero, recomendó en 2020 eliminar su pago. No obstante, acuerdos administrativos de comités políticos mantuvieron su vigencia bajo interpretación de normas de la Ley Orgánica del Congreso y la Ley de Presupuestos.
Conclusión: debate inconcluso, tensiones al alza
El rechazo de la reforma no significa el cierre del debate. Por el contrario, el intento de blindar las asignaciones en la Ley de Presupuestos y la incorporación anticipada de recursos para Boric, han generado un nuevo flanco político para el Gobierno y un posible foco de conflicto durante la tramitación presupuestaria.
Desde la oposición ya advierten que podrían rechazar en bloque el Presupuesto 2026, lo que abre un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso.
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