A casi diez meses del polémico anuncio del Gobierno sobre la compra de las viviendas de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende, nuevas diligencias judiciales apuntan a la exsenadora Isabel Allende (PS) como figura central en un presunto caso de tráfico de influencias, negociación incompatible y fraude al Fisco.
La operación —oficializada el 31 de diciembre de 2024— generó un amplio rechazo debido a su inconstitucionalidad, ya que la propiedad en cuestión pertenecía a Isabel Allende y a su hija, Maya Fernández (PS), entonces ministra de Defensa.
Desde entonces, la Fiscalía —bajo la dirección del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper— ha llevado adelante una investigación que ya suma declaraciones, informes oficiales y antecedentes clave, pese a que aún no se han formalizado cargos.
Isabel Allende: pieza clave en la red de gestiones para concretar la compra
Según reveló La Tercera, la carpeta investigativa contiene incluso un diagrama reservado que mapea las supuestas gestiones y presiones realizadas desde el entorno de Allende para acelerar la compraventa del inmueble ubicado en Providencia.
A raíz de estos antecedentes, el fiscal Cooper ha solicitado diversas diligencias a la Brigada Investigadora Anticorrupción (Briac) de la PDI, entre ellas:
Declaraciones a funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales, Cultura y Patrimonio Nacional, así como de la Contraloría General de la República.
Requerimientos formales de información a Contraloría, el SII y otras instituciones públicas.
Solicitudes judiciales para acceder a correos electrónicos y realizar allanamientos, las cuales fueron rechazadas por el tribunal.
Consejo de Defensa del Estado podría presentar querella
Fuentes cercanas al proceso confirmaron que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) está analizando los antecedentes recopilados por la Fiscalía, lo que podría derivar en una querella contra los involucrados.
Esta posibilidad mantiene en alerta a la defensa de la exsenadora Allende, liderada por la abogada Paula Vial, quien no respondió consultas del medio.
Por su parte, el abogado querellante, Raimundo Palamara (Fundación Fuerza Ciudadana), señaló que: “No creemos en la buena fe ni del Presidente ni de la exsenadora. Sus propios actos los desmienten. Esperamos formalizaciones pronto.”
Escucha telefónica a Miguel Crispi revela presiones desde el entorno de Allende
Uno de los antecedentes más sensibles proviene de una escucha telefónica al exjefe de asesores del Presidente Boric, Miguel Crispi, en el marco del caso ProCultura. En una conversación con su madre, Claudia Serrano, Crispi expresó: “Isabel Allende llamó hasta al portero del ministerio. Weveando, weveando, que se haga, que se haga, que se haga así… Tiene mucha responsabilidad, también el abogado de la familia Allende.”
Aunque posteriormente Crispi se desdijo en su declaración ante la Fiscalía, afirmando que “no tengo conocimiento o información” sobre reuniones entre Allende, Fernández o el abogado Felipe Vio con autoridades del Ejecutivo, la grabación fue incorporada como antecedente clave por el fiscal Cooper.
Presiones internas: testimonios de funcionarios confirman urgencia e interferencias
Más de 30 testigos han declarado en la causa, la mayoría funcionarios públicos, varios de los cuales reconocieron desconocer las restricciones constitucionales para que el Estado comprara propiedades a parlamentarios o sus familiares.
No obstante, también se revelaron presiones explícitas desde el entorno de la exsenadora para acelerar el proceso administrativo. Entre ellas:
Muriel Letelier, exasesora jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, relató que fue presionada para firmar el decreto de compra en “cinco minutos”.
Felipe Lanchares, jefe del Departamento de Adquisiciones, fue contactado insistentemente por Pablo Maino, jefe de División, quien lo presionó “desde temprano hasta tarde, incluso los fines de semana”.
El abogado Felipe Vio, yerno de Isabel Allende, habría llamado a Maino para discutir la primera tasación del inmueble.
Alejandro Riquelme, exjefe de gabinete de la contralora Dorothy Pérez, declaró que el jefe de gabinete de Allende, Claudio Hurtado, lo contactó por WhatsApp y por teléfono para apurar la toma de razón del decreto supremo.
Aunque Hurtado alegó que actuó por “iniciativa propia”, reconoció que la operación sí era un tema presente en la oficina parlamentaria de la senadora.
¿Se acerca la formalización?
Con todos estos antecedentes, el fiscal Cooper mantiene bajo la lupa a Isabel Allende, quien ya fue destituida del Senado por la inconstitucionalidad del proceso. Pese a que ha negado su participación directa, el volumen de pruebas podría derivar en una formalización en los próximos meses, en medio de un caso que sigue escalando políticamente.
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