A pesar de que el plebiscito de salida constitucional de 2022 marcó el regreso del voto obligatorio en Chile, solo un 23,2% de los ciudadanos que no acudieron a las urnas ha recibido sanción efectiva, según datos obtenidos por La Tercera a través de la Ley de Transparencia al Servicio Electoral (Servel).
En esa elección, el Servel denunció a 2.033.843 personas por inasistencia injustificada ante 379 juzgados de policía local, los encargados de aplicar las respectivas multas. No obstante, de ese universo, solo 472.195 personas han sido sancionadas, es decir, menos de una cuarta parte.
Dificultades judiciales y cifras parciales
El Servel advirtió que las cifras corresponden a una estimación y no a un catastro cerrado, ya que la recopilación provino de diversas fuentes, incluyendo un informe elaborado por la Corte Suprema con antecedentes recopilados por las Cortes de Apelaciones, así como información directa de los juzgados de policía local.
El organismo también reconoció que ha enfrentado problemas de estandarización en la entrega de datos, debido a que muchos juzgados envían la información en formatos distintos, dificultando el consolidado general.
¿Quiénes han sido sancionados y cómo?
Del total de 472.195 sancionados, el detalle entregado por el Servel es el siguiente:
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406.930 personas (86,2%) recibieron una multa entre 0,5 y 3 UTM (entre $34.000 y $207.000, aproximadamente).
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59.908 personas (12,7%) fueron sancionadas, sin especificación del tipo de castigo.
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5.357 personas (1,1%) recibieron sólo una amonestación.
Además, 210.176 denunciados fueron absueltos, por motivos válidos como:
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Estar a más de 200 kilómetros del local de votación
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Hallarse fuera del país
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Problemas de salud, edad o discapacidad
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Pérdida de cédula de identidad, entre otros.
A esto se suman:
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589.568 personas en estado de “archivo”, por causas como falta de notificación, citación fallida o ausencia de antecedentes.
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59.085 personas fueron sobreseídas, debido a domicilio incompleto, edad u otros factores que impidieron seguir con el proceso.
Problemas para hacer cumplir las multas
Desde el propio Poder Judicial se ha reconocido que cumplir con las sanciones ha sido complejo, debido a:
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Falta de antecedentes completos de los electores
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Demoras en la notificación
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Carga laboral excesiva en los juzgados de policía local
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Carencia de tecnología y recursos humanos para tramitar los casos
El Servel ha reiterado que su rol se limita a denunciar a los infractores, y no tiene injerencia en la ejecución o cumplimiento de las sanciones.
¿Qué ha pasado en las siguientes elecciones obligatorias?
El voto obligatorio se ha mantenido en elecciones posteriores, y con él, las denuncias también han sido numerosas, aunque con cifras ligeramente menores:
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Plebiscito de 2022: 2.033.843 denunciados
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Plebiscito de 2023: 1.896.131 denunciados
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Elecciones municipales y regionales de 2024: 1.927.823 denunciados
Regiones con más denunciados en 2024
En la elección de 2024, la Región Metropolitana concentró el mayor número de personas denunciadas por no votar:
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Región Metropolitana: 816.039 (42,3%)
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Valparaíso: 208.434 (10,8%)
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Biobío: 134.964 (7%)
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La Araucanía: 115.393 (6%)
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Los Lagos: 91.691 (4,8%)
Un debate aún pendiente: cómo hacer efectivo el voto obligatorio
Este panorama se enmarca en una discusión parlamentaria aún vigente sobre la efectividad del voto obligatorio, incluyendo:
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El monto adecuado de la multa como incentivo para votar
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Si los inmigrantes con derecho a sufragio deben o no ser multados
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La capacidad del sistema judicial para procesar más de un millón de casos en cada elección
Por ahora, el sistema muestra graves dificultades de implementación, con la mayoría de los infractores sin sanción efectiva y una ejecución parcial del mecanismo obligatorio. La tensión entre el deber cívico y las capacidades institucionales seguirá en debate conforme se acerquen nuevas jornadas electorales en el país.
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