En una votación abrumadora y con carácter de urgencia, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó este lunes un proyecto de ley que restablece explícitamente el feriado bancario del 31 de diciembre, garantizando así que, pese a ser día hábil, no habrá atención presencial al público en la antesala del Año Nuevo. La iniciativa, respaldada por 103 votos a favor y una sola abstención, busca corregir lo que sus autores legislativos califican como una supresión tácita y no deliberada derivada de una técnica legislativa defectuosa.
El origen del conflicto se remonta a la publicación de la Ley Fintech en enero de 2023. Si bien esta normativa modernizó el sistema de pagos, incorporó nuevos actores al sector financiero y fortaleció la protección de usuarios, en su articulado reemplazó completamente el viejo artículo 38 de la Ley General de Bancos (DFL N°3). Dicho artículo estipulaba expresamente que los bancos no atenderían presencialmente al público los sábados y el 31 de diciembre, aclarando que estos días no se consideraban festivos para efectos generales, pero sí para la operación bancaria. La nueva redacción, al establecer condiciones mínimas de atención, omitió reinstituir específicamente la fecha, lo que generó un vacío legal e interpretativo.
La moción de reparación fue presentada en agosto pasado por un grupo transversal de senadores –Fidel Espinoza, Ricardo Lagos, Ximena Rincón, Gastón Saavedra y Matías Walker–, quienes sostuvieron que la eliminación del feriado “no fue materia de discusión específica” durante la tramitación de la Ley Fintech. En sus fundamentos, los legisladores argumentaron que “no existe en los antecedentes legislativos un debate orientado a analizar la conveniencia o inconveniencia de mantener dicho feriado”, concluyendo que su desaparición “parece responder más a un efecto colateral de la técnica legislativa empleada que a una manifestación consciente de voluntad del legislador”.
La presión decisiva provino del malestar del sector bancario, cuyos trabajadores denunciaron que la eliminación no solo vulneraba un “derecho histórico” adquirido, sino que también imposibilitaba la realización del balance y cierre anual en una jornada donde, tradicionalmente, no se ha atendido al público. La restitución del feriado se convirtió, por tanto, en una medida para proteger una práctica laboral consolidada y garantizar la operatividad técnica de las instituciones financieras en un día crítico.
Con su despacho desde el Legislativo, la normativa queda lista para su promulgación por el Ejecutivo, con el fin expreso de que tenga vigencia para el próximo 31 de diciembre. Este caso pone de relieve un fenómeno recurrente en la producción legislativa: cómo las reformas integrales, al reemplazar textos completos, pueden generar omisiones no intencionadas con impactos concretos en derechos laborales y prácticas sectoriales, obligando al Congreso a enactar “leyes parche” para subsanar errores técnicos y restaurar consensos preexistentes.
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