El equipo del presidente electo José Antonio Kast ya concluyó el diseño del plan “Desafío 90”, una hoja de ruta que fija las prioridades del futuro gobierno republicano para los primeros tres meses de mandato.
Según cercanos al mandatario electo, solo resta la aprobación final de Kast, quien en los últimos días ha estado fuera de Chile. “Falta que el presidente electo le dé la luz verde; ha estado de viaje”, comentan desde su entorno. Durante esta semana, Kast sostuvo reuniones en Buenos Aires con el presidente argentino Javier Milei y, en paralelo, extendió una invitación al economista chileno José Luis Daza, actual viceministro de Economía de Argentina, para que se integre al equipo económico del nuevo gobierno a partir de marzo de 2026.
El eje tributario del “Desafío 90”
Uno de los pilares centrales del plan, liderado por el economista Bernardo Fontaine, será una ambiciosa reforma tributaria. La propuesta incluye:
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Rebajar el impuesto de primera categoría a las empresas desde el 27% actual al 23%, de forma gradual.
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Establecer una tasa fija del 12,5% para las pymes.
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Crear un crédito tributario para empresas que contraten trabajadores.
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Eliminar gradualmente las contribuciones para adultos mayores de 65 años.
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Eliminar el impuesto a las ganancias de capital en la venta de acciones de baja presencia bursátil.
No obstante, en el propio mundo político reconocen que se trata de una tarea compleja, dado el estrecho margen fiscal y la dificultad de financiar la reducción de impuestos. Kast deberá, en el inicio de su mandato, ordenar las cuentas públicas, fijar metas creíbles de convergencia fiscal y justificar detalladamente cada punto de menor recaudación.
Advertencias desde Hacienda y el mundo fiscal
El exministro de Hacienda Mario Marcel advirtió esta semana sobre los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno. “Una rebaja de impuestos depende de si está compensada o no fiscalmente”, señaló, recordando que iniciativas similares durante la actual administración incluían mecanismos de compensación para evitar un deterioro de las finanzas públicas.
Cercanos a Kast detallan que la rebaja del impuesto corporativo se implementaría a razón de un punto porcentual por año, alcanzando el 23% en 2029, con el fin de mitigar el impacto fiscal. Los cálculos económicos estiman una merma de cerca de US$ 500 millones por cada punto de rebaja.
Incentivos al empleo y crecimiento
El plan contempla, además, un crédito tributario adicional para empresas que generen empleo, permitiendo rebajar un porcentaje de la planilla de sueldos —con cotizaciones pagadas— excluyendo los salarios más altos. La medida busca enfrentar las altas tasas de desempleo, una de las principales críticas de la oposición al actual gobierno, junto con los efectos de la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el alza del salario mínimo.
Desde el equipo económico explican que, dependiendo de la cantidad de trabajadores contratados, la tasa efectiva final podría bajar incluso al 20% o 18%. En régimen, la combinación de rebaja del impuesto corporativo y créditos tributarios significaría una merma fiscal cercana a US$ 3.500 millones anuales, que se compensaría con recortes de gasto por unos US$ 6.000 millones.
Inversión, competitividad y estabilidad tributaria
El comando republicano sostiene que la menor carga impositiva incentivará la reinversión de utilidades, impulsando el crecimiento y el empleo. Además, el plan incluye el envío de un proyecto de ley de estabilidad tributaria voluntaria para grandes proyectos de inversión, aplicable tanto a capitales extranjeros como nacionales, con especial impacto en el sector minero.
Contribuciones y tensiones municipales
Otra medida relevante será la eliminación paulatina de las contribuciones a la primera vivienda, comenzando con una exención total para adultos mayores de 65 años. El beneficio alcanzaría inicialmente a cerca de 400 mil personas, con un costo fiscal estimado de US$ 170 millones anuales, afectando principalmente a las municipalidades, que deberían ser compensadas.
Dudas, déficit fiscal y presión institucional
Persisten, sin embargo, dudas internas sobre la conveniencia de eliminar el impuesto a las ganancias de capital, debido a su impacto distributivo. Todo el plan podría verse condicionado por el estado real de las finanzas públicas que herede el nuevo gobierno, especialmente si el déficit fiscal de 2025 —estimado entre 1,6% y 2,5% del PIB— resulta peor de lo previsto.
La Ley de Responsabilidad Fiscal obliga al nuevo gobierno a fijar metas fiscales en sus primeros 90 días y presentar un plan de mitigación, lo que aumentará la presión sobre el financiamiento del programa. Expertos coinciden en que la credibilidad del ajuste fiscal y su sincronía con la rebaja de impuestos será clave.
“Primero debe demostrarse que el financiamiento existe y luego avanzar en la baja de impuestos”, advierten especialistas, subrayando que este desafío fiscal será uno de los mayores retos del inicio del gobierno de José Antonio Kast.
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