En la primera audiencia judicial en Nueva York contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, los acusados articularon una narrativa de victimización y desafío político. Proclamaron su inocencia frente a los cargos por narcotráfico y tenencia de armas, y acusaron al Gobierno estadounidense de haber perpetrado un «secuestro» en su domicilio caraqueño, optando por no impugnar de inmediato su detención.

Esta comparecencia histórica inicia un prolongado proceso judicial donde la batalla legal se centrará, estratégicamente, en la legitimidad de su captura por fuerzas militares. Paralelamente, la administración del presidente Donald Trump ha reafirmado su influencia sobre el caso venezolano, declarando que “estamos a cargo” en ausencia de Maduro, y ha señalado que vigilará de cerca a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien asumió interinamente la presidencia.

El Alegato Soberanista de un Presidente Depuesto
Al identificarse, Maduro, interrumpiendo al juez Alvin Hellerstein, aprovechó la tribuna para realizar una declaración política: “Fui capturado en mi casa en Caracas, Venezuela” y “Sigo siendo presidente de mi país”. Su proclamación de inocencia —“Soy un hombre decente”— busca trascender el ámbito legal para instalarse en el discurso de la persecución política. Su abogado, Barry Pollack, confirmó el pleito de inocencia y anunció mociones que impugnarán la acusación y el arresto, al que tildó de “secuestro militar”, esgrimiendo además argumentos de inmunidad por jefe de Estado.

La Estrategia de la Victimización Física
Cilia Flores, al declararse “inocente, completamente inocente”, y autodenominarse “primera dama”, presentó una imagen de vulnerabilidad. Su entrada a la sala con vendajes visibles y la solicitud de asistencia médica por “lesiones significativas” —posibles fracturas costales—, según su abogado Mark Donnelly, constituyen un recurso dramático destinado a cuestionar los métodos de su captura. Maduro, según Pollack, también alega problemas de salud que requieren atención, aunque sin especificarlos.

Los Próximos Movimientos en un Tablero Geopolítico
Los defensores anunciaron que presentarán una solicitud de fianza en el futuro y reclamaron una “visita” del consulado venezolano, un derecho consular básico cuya concreción en este contexto es incierta. La próxima audiencia, fijada para el 17 de marzo, será solo el primer acto de un litigio donde las defensas intentarán convertir el proceso en un juicio a la intervención estadounidense, mientras la administración Trump consolida su narrativa de control sobre la crisis venezolana. El caso, por tanto, se perfila menos como un mero proceso penal y más como un enfrentamiento jurídico-diplomático de profundas implicaciones.

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