El Presidente Gabriel Boric elevó el tono de su crítica contra lo que constituye un hito en la política exterior estadounidense: la «Operación Resolución Absoluta», liderada desde Washington por Donald Trump, que culminó con la extracción forzosa de Nicolás Maduro y Cilia Flores desde Venezuela. Su intervención trasciende la mera condena coyuntural, articulando una postura de principio frente a un paradigma de injerencia que considera lesivo para el orden internacional.
A través de sus redes sociales, el Mandatario no solo fustigó a su par norteamericano, sino que cuestionó severamente la posición de los líderes mundiales que han avalado la captura y el eventual juicio en Nueva York del expresidente venezolano. En su cuenta de X, aseveró: “Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan. Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”. Esta declaración surgió como respuesta directa a una publicación del Departamento de Estado que reafirmaba la doctrina de seguridad hemisférica de la administración Trump: “Este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”.
Boric había fijado su posición el mismo día de la operación en Caracas, advirtiendo que esta «sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global» y subrayando, con advertencia profética, que «Hoy es Venezuela. Mañana podría ser cualquier otro». Su postura se institucionalizó al suscribir una declaración conjunta con España, México, Brasil, Colombia y Uruguay. En dicho documento, los gobiernos expresaron su «profunda preocupación y rechazo» ante «las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela», argumentando que tales actuaciones «contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas».
Esta visión estratégica genera una fractura política doméstica evidente. El presidente electo José Antonio Kast, desde sus redes sociales, celebró la caída de Maduro y enfatizó la necesidad de cooperación regional post-captura.
Aunque ambas partes han evitado una polémica explícita, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, delineó nítidamente la divergencia en la vocería oficial del lunes. Vallejo argumentó que respetar el derecho internacional exige impedir que «ningún país, Estado, gobierno, pretenda atacar otro país, tomar control político-administrativo, tomar control de sus recursos naturales». Añadió, con firmeza doctrinal, que una intervención de ese carácter «es algo que no podemos permitir ningún país, ningún sector político, porque la soberanía de las naciones no es negociable y no se puede entregar bajo la excusa o pretexto de cualquier cosa».
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