El próximo viernes, la Dirección de Presupuestos (Dipres) dará a conocer el informe de ejecución presupuestaria de diciembre, con lo que se cerrará oficialmente el año 2025. Este dato será clave para definir las proyecciones de gasto, ingresos y déficit fiscal que deberá administrar el gobierno de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo.
Proyecciones oficiales y deterioro fiscal
La última estimación de la Dipres, contenida en el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre, proyecta un déficit efectivo de $6.581.385 millones (2% del PIB) y un déficit estructural de -2,2% del PIB. Esta cifra está muy por encima de la meta inicial del gobierno, que en un comienzo fijó el déficit estructural en -1,1% del PIB, luego ajustado a -1,6% en enero, -1,8% en junio y finalmente -2,2% en septiembre.
Sin embargo, los antecedentes más recientes sugieren un escenario aún más complejo. Las cifras fiscales a noviembre muestran que los ingresos fiscales volverán a quedar por debajo de lo proyectado, lo que impacta directamente en el déficit.
Estimaciones de expertos
Un informe elaborado por los académicos de la Universidad de Los Andes, Matías Acevedo y Cecilia Cifuentes, anticipa que el déficit estructural podría cerrar entre 3% y 3,3% del PIB, mientras que el déficit efectivo fluctuaría entre -2,6% y -2,8% del PIB.
Esto aleja la meta oficial de -1,1% del PIB y genera un efecto de arrastre hacia 2026, ya que la menor recaudación de 2025 afectará la base de ingresos del año siguiente.
Ingresos fiscales y Ley de Cumplimiento Tributario
Si bien en noviembre los ingresos fiscales repuntaron con un alza de 7%, tras una caída de más del 10% en octubre, el acumulado anual muestra un crecimiento de 5%, por debajo del 6,8% proyectado en septiembre. Para cumplir la meta, los ingresos debieron crecer 26% en diciembre, algo considerado improbable por los expertos.
Además, persisten dudas sobre el rendimiento de la Ley de Cumplimiento Tributario (CT). Hacienda esperaba ingresos adicionales equivalentes a 0,54% del PIB en 2025, pero los datos acumulados a noviembre muestran que la recaudación no estaría cumpliendo lo previsto. Según el FMI, el rendimiento real de la ley sería más cercano a 0,5% del PIB en cuatro años, es decir, un tercio de lo estimado por Hacienda. Para este año, se proyecta que el aporte no supere el 0,25% del PIB, menos de la mitad de lo esperado.
Presiones de gasto
Por el lado del gasto, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) estima que el componente sin financiamiento identificado alcanza los $784.200 millones (0,22% del PIB), principalmente asociado al reajuste del sector público.
Impacto en 2026 y desafíos de convergencia
La combinación de menores ingresos y mayores gastos podría elevar tanto el déficit efectivo como el estructural en torno a 1% del PIB adicional. Para 2026, el déficit estructural alcanzaría 2,6% del PIB, muy por sobre el 1,1% estimado por Hacienda.
Los expertos advierten que lograr la convergencia fiscal al 2029 será un desafío. “Asumiendo que el punto de partida del déficit estructural es de 2,6% del PIB, se requiere un ajuste de al menos 1,3% del PIB. Según estadísticas del FMI, este tipo de correcciones se logra en solo el 30% de los casos”, señalan Acevedo y Cifuentes.
Recomendaciones para el próximo gobierno
En este contexto, el decreto de responsabilidad fiscal que deberá definir el nuevo gobierno debe basarse en:
- Proyecciones de ingresos conservadoras.
- Gasto público creciendo a un ritmo inferior al de la economía.
- Control estricto de las necesidades de financiamiento.
De esta manera, se podría reducir el déficit por debajo del 1% del PIB y estabilizar la deuda pública bajo el 45% del PIB a mediano plazo.
