La política chilena se encamina hacia una reestructuración significativa en el poder legislativo, perfilándose un pacto administrativo y de gobernabilidad de carácter transversal para dirigir la Cámara de Diputadas y Diputados a partir del 11 de marzo. Este entendimiento, que excluye deliberadamente al Partido Comunista (PC) y al Frente Amplio (FA), refleja una reconfiguración estratégica de las alianzas, priorizando la estabilidad operativa sobre la cohesión ideológica tradicional. Las negociaciones avanzan hacia un acuerdo amplio que integraría a la Democracia Cristiana (DC), el Partido Por la Democracia (PPD), el Partido Socialista (PS), los liberales y los radicales.
El objetivo central del pacto es institucionalizar un sistema de alternancia y rotación para la presidencia, vicepresidencias y, crucialmente, las comisiones estratégicas que dictan el ritmo de la tramitación legislativa. Este mecanismo busca despersonalizar el poder y crear predictibilidad, aunque también consolida una nueva mayoría que podría definir la viabilidad de proyectos clave del próximo período. Inicialmente, la derecha contaba con una ventaja numérica al estar a solo dos votos de la mayoría absoluta (76 de 155). Sin embargo, las tensiones internas dentro del bloque oficialista han impulsado una apertura hacia diálogos más amplios, dando viabilidad política a esta fórmula transversal que reordena el centro y centroizquierda históricos con parte de la derecha.
Los actores involucrados han comenzado a delinear públicamente los fundamentos de este posible acuerdo. El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, evocó los acuerdos posteriores a los procesos constitucionales como un precedente, argumentando que «una vez pasados los dos procesos constitucionales, nos dijimos, bueno, tratemos de sacar adelante tareas importantes para el país». Su declaración subraya una narrativa de pragmatismo post-conflicto, donde la gobernabilidad y agendas específicas, como la seguridad, se privilegian sobre las divisiones ideológicas profundas.
Desde la centroizquierda, el diputado y jefe de bancada de la DC, Héctor Barría, confirmó conversaciones con «todos los sectores», incluyendo al oficialismo y a la oposición actual, en busca de darle «gobernabilidad administrativa a la Cámara». Esta postura denota una búsqueda funcional de acuerdos que trascienden las líneas del gobierno saliente. El subjefe de la Bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, reforzó este enfoque pragmático al señalar que no se cierran a dialogar con nadie para lograr «el mejor acuerdo para la integración de comisiones».
En contraste, la izquierda representada por el PC y el FA parece quedar marginada de este incipiente bloque de poder. Andrés Couble, Secretario General del Frente Amplio, descartó la viabilidad de un partido único de izquierda, señalando que son «proyectos distintos» con estrategias e ideologías divergentes. Esta fragmentación debilita su capacidad de negociación colectiva. Por su parte, Lautaro Carmona, presidente del PC, admitió no tener «expectativas» sobre el proceso en el cónclave oficialista, pero abogó por un diálogo fraterno que proteja la «coordinación unitaria» para la representación de derechos y la fiscalización. Sus declaraciones revelan una posición reactiva y defensiva ante una realineación política que los excluye.
En síntesis, este pacto transversal en gestación simboliza un realineamiento profundo en el sistema político chileno. Prioriza la gobernabilidad y la eficiencia administrativa del legislativo, construyendo un nuevo eje de cooperación entre el centro, centroizquierda y la derecha, mientras institucionaliza la exclusión de los sectores de izquierda más marcados. Este movimiento no solo redefine la composición del poder en la Cámara, sino que también plantea interrogantes sobre la representación futura de ciertas agendas y la naturaleza de la oposición en el próximo ciclo político.
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