“Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”, dijo el lunes el Presidente Gabriel Boric al ser consultado por el indulto que otorgó el viernes al exfrentista Jorge Mateluna. Sus dichos fueron reprochados de inmediato por referentes del mundo político, de oposición y también del oficialismo, que criticaron la intromisión del Mandatario en facultades de otro poder del Estado.

“La Corte Suprema se ve en la necesidad de recordar lo dispuesto en el inciso 1° del Artículo 76 de la Constitución Política de la República”, declaró el pleno de la Corte Suprema en un comunicado en respuesta a las declaraciones. Luego procedieron a recordar la norma mencionada: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.

Para peor, en el comunicado posterior que emitió el equipo del Presidente -que buscaba dar por terminada la polémica- estaba mal citada la ley de indultos, ya que en el escrito se refirió a la Ley 19.050 que dice relación a las normas del tránsito. El número correcto era 18.050.

Durante la tarde del martes, Boric recibió llamados de parlamentarios de la oposición, quienes le hicieron ver su evidente molestia.

Esa cadena de errores gatilló un malestar profundo que se reflejó en acusaciones y críticas que arruinaron la primera semana de 2023 en La Moneda.

Por primera vez parlamentarios de oposición hablaron de acusar constitucionalmente al Presidente.
¿Acusación constitucional al Presidente? La alerta que se prendió tras los indultos

Las declaraciones del Presidente no solo tuvieron repercusiones en la Corte Suprema, sino que también en la oposición. El martes, apenas el Mandatario se refirió al caso Mateluna, sus dichos comenzaron a comentarse en los chats de los parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano, que ya estaban molestos con el indulto.

Y en ese contexto, en los grupos de diputados empezó a circular la interrogante para evaluar una posible acusación constitucional contra el Presidente Boric. Una idea que nunca antes en el primer año de gobierno tomó ese nivel de seriedad.

La senadora Paulina Núñez (RN) no descartó la posibilidad en el Congreso. “Habrá que evaluarla con los antecedentes que están a la vista y no descartar nada, salvo que el Presidente se retracte y enmiende su error”, dijo.

De todas formas, la idea perdió peso entre los parlamentarios, quienes buscaron otros mecanismos para reclamar contra la medida del Mandatario, como ir a Contraloría para que fiscalice el proceso.

La bancada RN, además, presentó una denuncia en el Ministerio Público -contra todos los que resulten responsables- por el delito de “prevaricación”, en relación a lo sucedido con los indultos.

También, la bancada de la UDI anunció que recurriría al Tribunal Constitucional para ver la posibilidad de impugnar el indulto a Jorge Mateluna.

Matías Meza-Lopehandía era el asesor más cercano al Presidente en La Moneda.
Ríos y Meza-Lopehandía, los fusibles de una crisis aún en curso

La salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, era un secreto a voces durante la mañana de ayer en Palacio, pero ésta sólo fue oficializada por Gabriel Boric pasadas las 16 horas en un punto de prensa en La Moneda, oportunidad en que el Presidente anunció a su sucesor, el abogado y académico Luis Cordero Vega.

Momentos después de la vocería del Mandatario, a través de un comunicado de presidencia, se informó que el Presidente también había aceptado la renuncia de su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, uno de sus hombres más cercanos, a quien conoció en la escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

Con ambas salidas, La Moneda busca descomprimir la presión –y malestar- manifestado por la oposición, a raíz de los indultos presidenciales.

Para este lunes, a las 15.00 horas, las bancadas de la UDI y RN tienen previsto una acusación constitucional contra Ríos y, hasta el cierre de esta edición, no había una información oficial sobre un cambio de planes tras su salida.

Dentro de los motivos están la gestión en el tema de los indultos y también lo dilatada y compleja que ha sido la designación del próximo fiscal nacional.

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