Durante esta semana continuó el trabajo de la Comisión Revisora de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera por la compraventa del proyecto Dominga en el año 2010, cuyos detalles se conocieron tras las revelaciones de los denominados Pandora Papers sobre el proyecto minero Dominga y en medio de la investigación que realiza el Ministerio Público al respecto.

Y durante este viernes, será el turno de la declaración de Jorge Gálvez, abogado del Mandatario, quien entregará sus argumentos al respecto en la Cámara Baja.

Este jueves se conoció que el texto de la defensa fue presentado antes de la medianoche al secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros. En este, se califica el libelo contra el Mandatario como “una maniobra política mañosa y con claros fines electorales”, además de señalar que los hechos acusados “son manifiestamente falsos, mañosamente relatados y atribuyéndole intenciones en meras suposiciones”.

En el documento, el equipo jurídico del jefe de Estado señala que la Acusación Constitucional “es una ostensible maniobra político-electoral, que toma como base suposiciones, atribuye intencionalidades, confunde fechas y distorsiona reglas claras y precisas de nuestro ordenamiento jurídico”.

Todo esto, agregan, es con “la intención de crear la falsa impresión de que habría privilegiado sus intereses personales por sobre sus deberes como presidente”, según se informó.

Así, consideran que “en forma mañosa, el texto de la acusación intenta traer al presente una circunstancia ocurrida entre los años 2010 y 2011, correspondiente a una negociación entre empresas privadas, donde el Presidente de la República no tuvo participación ni conocimiento alguno”.

“Como es de público conocimiento, desde el año 2009, don Sebastián Piñera se desligó absolutamente de la gestión y administración de las empresas en que participaba y constituyó Fideicomisos Ciegos para la administración de los activos financieros propios y de su familia”, continúa el informe. Esa decisión, el Mandatario la habría tomado “voluntariamente”, con el objetivo de evitar conflictos de interés.

Respecto de la participación de los Piñera-Morel en Minera Dominga, afirman que esta se realizó con otras personas e instituciones, a través de una inversión “pasiva” en una sociedad constituida en Chile, creada por un organismo financiero con un manejo autónomo, todo dentro del marco de la legalidad. “La decisión de realizar una operación fuera del país y la forma en que esta se realizó no fue adoptada por la Familia Piñera Morel, sino que por los gestores del Proyecto Dominga, con el propósito de incorporar inversionistas extranjeros”, agregaron.

Sobre los hechos que motivaron esta acusación, la defensa indica que ya fueron investigados por el Ministerio Público, el que descartó la existencia de delitos. “Aquí no se trata sólo de respetar el principio de la presunción de inocencia, a la cual todos los ciudadanos tienen derecho, sino de una inocencia ya judicialmente declarada”, explicaron.

“El propio Contralor General de la República señaló en su oportunidad que estas se habían realizado correctamente tanto en la forma como en el fondo”, aseguraron sobre las presuntas omisiones en la Declaración de Intereses y Patrimonio por parte del Presidente.

A su juicio, “no se trata sólo de defender al actual Presidente de la República frente a acusaciones manifiestamente falsas e infundadas. Se trata de la defensa de nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia y la institución de la Presidencia de la República”, mismo argumento que ocupó, tras conocerse la acusación, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa.

En el escrito, la defensa de Piñera acusa un “desprecio por la verdad”, por lo que pedirá que la acusación contra el Mandatario sea declarada inadmisible.

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