El Congreso, sobrepasando sus atribuciones, puso en marcha a partir de julio de 2020 masivos retiros de fondos previsionales y extrajo del gobierno pasado políticas de apoyo fiscal “universal”. Dos años más tarde, esos extravíos han contribuido a llevar la inflación en doce meses a cifras de dos dígitos. De vuelta a registros que no se observaban en 25 años, la inflación se ha transformado en el problema más apremiante para la población y las dificultades para controlarla exigen altura de miras de todos los poderes capaces de afectar su evolución.

Si bien la política fiscal oficial corrige los excesos previos, con una caída de 25% en el nivel del gasto 2022 respecto del gasto 2021, y el Banco Central ha concretado alzas de su tasa de política monetaria desde el 2% hasta el 8,25%, en un semestre, la contención de la inflación no está asegurada.

Los estímulos al gasto en los dos años recién pasados desataron niveles de consumo e inversión que aceleraron la producción en 2021, pero en medida insuficiente para evitar que lo agresivo de la demanda presionara también con fuerza sobre los precios de los bienes y servicios. Así, entre el segundo trimestre de 2020 y el último trimestre de 2021, la demanda agregada (consumo e inversión) acumuló 15% de exceso de crecimiento respecto del que experimentó el PIB trimestral. En su reciente Informe de Finanzas Públicas, Hacienda consigna su expectativa de crecimiento para el PIB de 1,5% y de caída en la demanda agregada de -1% para el año 2022. Si bien esta evolución representa una corrección, no es seguro que sea en la magnitud y oportunidad suficientes para sacar la producción de sus actuales niveles de “sobrecalentamiento”. Así, y si bien un dato mensual no puede tomarse como señal definitiva, la reciente cifra de crecimiento en 12 meses para el Imacec de marzo debe llamar a cautela. Cuando las mediciones en diciembre, enero y febrero mostraban que la producción mensual comenzaba a decrecer, la medición para marzo mostró una vuelta de la producción mensual a su máximo histórico.

A las dificultades que representa la magnitud del desequilibrio macroeconómico inicial -y la persistencia de altos niveles de liquidez en la economía- debe agregarse la particular situación cambiaria que vive el país. Si en tiempos normales una caída del tipo de cambio puede desviar parte de una mayor demanda hacia el gasto en bienes transables en el exterior, suavizando el impacto inflacionario, esta vez el tipo de cambio ha estado al alza como consecuencia de un alto nivel de incertidumbre asociado al proceso constituyente, a la continua disposición del Congreso a interferir con la política económica del Ejecutivo y a desarrollos críticos en la economía externa. El nivel del tipo de cambio, sostenidamente alto, mantiene una presión inflacionaria.

A las causas domésticas de la inflación han contribuido desde el comienzo eventos del exterior. Inicialmente fue el alza en precios externos y dificultades logísticas producidas por la pandemia. Estos factores externos, que han recrudecido por el impacto sobre los precios de energía y alimentos de la invasión de Rusia a Ucrania y el efecto esperado de nuevos brotes epidémicos en China, amenazan con agravarse por el ajuste monetario en Estados Unidos. El alza de la tasa de interés de 0,5% recién acordado por la Reserva Federal da inicio a un periodo muy complejo para Chile, si, en la medida que la política monetaria de Estados Unidos se hace más restrictiva respecto de las de Europa, China y Japón, lo que viene hacia adelante es un fortalecimiento acentuado del dólar americano.

No hay margen de acción relevante, y no se restablecerá la estabilidad de precios sin las dificultades reales propias de estos procesos correctivos. El país debe asumir en sus expectativas esas dificultades y el aporte insustituible de la disciplina fiscal para llegar a buen puerto. Constituyentes, parlamentarios y todos quienes pueden incidir en la certeza y calidad del proceso de ajuste deben subordinar otras consideraciones a la necesidad de evitar el fracaso de la lucha antiinflacionaria, que tendría consecuencias institucionales devastadoras y efectos muy duros sobre los chilenos.

/Editorial del diario La Tercera