Este viernes, tras la firma en La Moneda del proyecto de ley para fortalecer el acceso a la justicia de la niñez y adolescencia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, acusó al juez de garantía de Arica, Héctor Barraza, de posibles incumplimientos de deberes funcionarios, luego de que el magistrado diera acceso a la identidad de testigos protegidos a la defensa de imputados que serían miembros del clan Los Gallegos, célula del Tren de Aragua en la región de Arica.
Aunque finalmente la decisión de Barraza fue impugnada por la Corte de Apelaciones de Arica, el ministro Cordero confirmó que -por instrucción expresa del Presidente Gabriel Boric- el gobierno envío los antecedentes de la decisión del juez de garantía a la Corte Suprema, para que sea el máximo tribunal el que dirima posibles sanciones en contra del magistrado.
“La Constitución establece una facultad para el Presidente de la República de velar por la conducta ministerial de los jueces, es una atribución genérica. El Ministerio de Justicia, que de conformidad a la ley se vincula con el Poder Judicial, esta mañana por instrucción del Presidente hemos remitido a la Corte Suprema los antecedentes que disponemos sobre la decisión del juez”, confirmó Cordero.
Según el titular de Justicia, el envío de antecedentes a la Suprema se trata de una situación “muy excepcional” y que la resolución adoptada por Barraza constituye “hechos graves que pueden comprometer esa conducta ministerial, de modo tal que el pleno de la Corte Suprema adopte las medidas que correspondan”.
Ayer jueves, la Corte de Apelaciones de Arica declaró admisible el recurso de protección presentado por la fiscalía regional en contra de la resolución del juzgado de garantía de la ciudad que accedió a entregar a las defensas la identidad de 57 testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas que figuran en la acusación contra el brazo operativo del Tren de Aragua.
El ministro de Justicia valoró la decisión de la Corte de Apelaciones, que ordenó al tribunal que instruya a la Defensoría Penal Pública devolver los antecedentes de las identidades concedidas por el juzgado, dando garantías de que esa información no fue compartida con terceros.
En paralelo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, ordenó la apertura de una investigación penal contra todos quienes resulten responsables por la posible divulgación de antecedentes que ponen en peligro a informantes e incluso agentes encubiertos de la policía que participaron de las diligencias.
“Nosotros creemos que la forma y modo en que se adoptaron las decisiones es posible que se hubiese incumplimiento a deberes funcionarios, esa situación hoy está cubierta por tres vías: el recurso de protección que se ha interpuesto por el Ministerio Público, también por el Ministerio del interior que es querellante en este caso, además de los recursos de protección que se han interpuesto contra el Juez en la corte de apelaciones de Arica”, explicó Cordero.
“El Ejecutivo esta mañana ha comunicado a la Corte Suprema que en el ejercicio de velar por la conducta ministerial de los jueces, dispone de los antecedentes para que el pleno Corte tome las medidas que estime convenientes, que son muy amplias: desde la instrucción de procedimiento disciplinario hasta indagaciones administrativas que les corresponde dirimir a ellos”, confirmó el ministro de Justicia.
En el plano legislativo, un grupo de diputados RN presentó un proyecto de ley para garantizar la protección de testigos en causas donde se investiguen bandas o agrupaciones dedicadas al crimen organizado.
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