«¿Qué nos traerá la caja de pandora?», fue la pregunta que hizo esta mañana el senador Fidel Espinoza (PS) en su cuenta de Twitter, donde también adjunta la resolución en la que se delega la facultad de celebrar y aprobar convenios de transferencia de recursos del programa de asentamientos precarios en las secretarias y secretarios regionales ministeriales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por montos que no superen las 5.000 UTM.

«Ministro Montes por su soberbia y cero diálogo puede caer estrepitosamente. Minvu,¿en qué porcentaje subieron los tratos directos? ¿no creen que con esta resolución le dieron manga ancha a seremis para hacer lo que quisieran?», continúa la publicación del senador y antiguo compañero de bancada del ministro Carlos Montes.

Más tarde, el ministro Montes, luego de acudir a La Moneda para dar cuenta al Presidente Gabriel Boric de las gestiones que realizó en Antofagasta, a raíz de la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía por convenios de su cartera con fundación Democracia Viva, abordó la ofensiva de Espinoza.

Según comentó el titular del Minvu, «eso se viene firmando exactamente en los mismos términos desde el 2019, eso ha sido todos los años. Esto tiene que ver con que hay una serie de decisiones a nivel central que se entregan en otros niveles, para que tomen decisiones y si hagan responsables de que cumplan las normas».

«Pero bueno, él podrá tener su objeción y que la haga saber y para eso hay distintas instancias democráticas para discutirlo», cerró Montes.

El tema se viene a sumar a los cuestionamientos que han caído sobre el Minvu, puesto que fue precisamente por trato directo que el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (RD) -ex jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez- otorgó un total de $426 millones a la fundación Democracia Viva, de la ex pareja de la parlamentaria, Daniel Andrade, también militante RD.

A ello, se suma la arista relacionada con Urbanismo Social, cuya investigación encabeza la Fiscalía del Maule, por posibles irregularidades en la transferencia de más de $500 millones a la ONG, misma que fue liderada por el actual seremi de Vivienda del Maule y militante RD, Rodrigo Hernández.

Sobre este último caso en específico, el ministro Montes sostuvo esta mañana que el seremi «se inhabilitó para participar» de la operación de los convenios.

«Si nosotros viéramos que en los procesos de decisión se dieran antecedentes, sería distinto. Hasta el momento simplemente hay una vinculación entre una organización muy reconocida en todo el país como Urbanismo Social con un organismo público. Si aparecieran cuestiones inapropiadas, nosotros tendríamos otro criterio», añadió, enfatizando que «si aparece algún elemento que no corresponda, ahí nosotros vamos a reaccionar», subrayó.

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