La Agencia Global Standard and Poor’s confirmó la clasificación crediticia de Chile en A, pero con un cambio en la perspectiva a largo plazo (outlook) de estable a negativo.
En su comunicado, la entidad destaca como razones para mantener el rating la sólida institucionalidad de Chile por sobre los pares de la región, el compromiso del gobierno con la consolidación fiscal, la flexibilidad de la política monetaria gracias a un tipo de cambio flotante, un Banco Central independiente con capacidad para revertir la inflación.
Sin embargo, respecto a la perspectiva a largo plazo, S&P explica que el cambio captura los riesgos que provienen de un debilitamiento de los consensos políticos en aspectos claves de la agenda política y económica, “las dificultades para empujar las propuestas legislativas se pueden traducir en el tiempo en un desempeño económico y perspectivas más débiles, así como en una mejora más lenta de las condiciones sociales. Además, un crecimiento estructural más débil continuará presionando el perfil fiscal y externo de Chile”, consigna el comunicado.
Este informe indica que dentro de los próximos 12 a 24 meses se podría reducir la clasificación de riesgo de Chile si es que no se responde adecuadamente a los riesgos indicados.
Ante este escenario que describe la clasificadora, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que “el principal riesgo que se identifica en este informe, citando textualmente, es que los conflictos políticos han enlentecido la aprobación de políticas significativas para estimular el crecimiento económico y reconstruir la resiliencia fiscal en Chile”.
En ese sentido, el secretario de Estado dijo que “estas son señales de alerta, que es importante que nuestros dirigentes políticos, nuestros parlamentarios y parlamentarias sean capaces de escuchar lo que nos están diciendo. Entre las medidas que este informe identifica como iniciativas que fortalecerían la situación económica de Chile y por lo tanto reducirían su riesgo, están las propuestas que son parte del Pacto Fiscal, referidas al estímulo al crecimiento, al fortalecimiento del cumplimiento tributario y al aumento en los ingresos fiscales para poder sostener gastos fiscales permanentes”, destacó el ministro de Hacienda.
¿Pero cómo toman los economistas la advertencia de la clasificadora y la visión que entrega el titular de las finanzas públicas?
Sergio Lehmann, economista jefe de Bci sostiene que “estoy de acuerdo que es necesario avanzar en un pacto fiscal, especialmente en aquello asociado a fortalecer la inversión. Es clave dar agilidad a los procesos de aprobación de proyectos de inversión y eliminar discrecionalidades”. Menciona que se debe aplicar además “beneficios tributarios para el desarrollo de nuevas inversiones que sería un ingrediente importante para dar un impulso al crecimiento, sobre todo con miras al largo plazo. Por cierto, medidas que apunten a reducir la evasión y elusión tributaria es también fundamental”.
Alejandro Fernández, economista de Gemines añade que “no cabe duda que Chile necesita un acuerdo en materias fiscales que sea amplio y que cierre el tema por varios años. Evidentemente lo difícil es concordar en qué debe incluirse en el pacto, pero que todos deberían poner sus esfuerzos y buena voluntad en tratar de alcanzarlo, me parece que nadie puede dudarlo. Es fundamental para la estabilidad fiscal de mediano plazo e, idealmente, para generar condiciones para recuperar el crecimiento, aunque sea sólo en alguna medida”.
Para Fernández, “la nueva propuesta constitucional ofrece una esperanza, pero si se rechaza en diciembre, es ilusorio pensar que los mismos políticos de siempre con las mismas instituciones de siempre, se vuelvan virtuosos cuando han sido un ejemplo de todo lo contrario”.
Tomás Flores, economista de LyD añade que “es necesario un pacto por el crecimiento y el empleo donde se reduzcan los impuestos a la inversión, se incorpore toda la cotización adicional a las cuentas individuales de los trabajadores y se defina a la brevedad el plan de convergencia para el ecosistema de seguros de salud privado”.
Este mensaje lo refuerza el economista asesor de Euroamerica, Felipe Alarcón, quien considera como “clave que el mundo político alcance acuerdos razonables en torno a los grandes temas pendientes, y una de las trabas que se percibe para alcanzar esos acuerdos es el funcionamiento actual del sistema político-electoral, que favorece la atomización de los partidos”. Por ello, plantea que “si nos farreamos la oportunidad de corregir este es altamente probable que el mundo político siga sin alcanzar acuerdos y los grandes temas relacionados con el ámbito fiscal se sigan viendo postergados, lo que podría efectivamente desencadenar un nuevo recorte en la clasificación de riesgo, con los costos que ello acarrea”.
Riesgo latente
Para los expertos el riesgo de que se pierda la posición crediticia es alto y por ello, llaman a tomar acciones concretar en el corto plazo: “Es absolutamente posible, porque aparte de los riesgos políticos que resalta S&P, la senda de endeudamiento del país es muy preocupante, dado además el estancamiento económico en que nos encontramos”, comenta Alarcón.
Lehmann menciona que la perspectiva negativa en la nota crediticia de Chile sugiere precisamente que está en riesgo un recorte en nuestra clasificación. “Es necesario, entonces, abordar urgentemente aquellas medidas que permitan reimpulsar el crecimiento, entendiendo que, como bien sabemos y advierte S&P, ello lleva a cuentas fiscales más débiles”, puntualiza.
Para Fernández, la responsabilidad del gobierno es mayor, pero depende de la oposición también. “Desgraciadamente, las posiciones están muy alejadas y el gobierno tiende a tener una visión que difícilmente contribuirá a resolver los problemas planteados, sino más bien todo lo contrario”. Para el economista es clave “cerrar el tema fiscal, de salud, previsional y tomar medidas para impulsar la inversión y el crecimiento de la productividad”.
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