La masiva partición de más de dos millones de venezolanos que le otorgaron el triunfo a María Corina Machado en las primarias opositoras en Venezuela el pasado 22 de octubre, sirvió para que el régimen de Nicolás Maduro demostrara, una vez más, su aversión a unos comicios libres e independientes.
La victoria opositora obligó al chavismo a activar su maquinaria de persecución para deslegitimar el resultado.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó la suspensión de “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias” (CNP), celebrado el pasado domingo, tras recibir un recurso introducido por el diputado opositor José Brito que pedía revisión de “irregularidades”.
El Fiscal General impuesto por Maduro, Tarek William Saab, no dudó en calificar el proceso de “fraudulento”, pese a que contaba con la participación de la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación, un organismo de monitoreo independiente avalado por el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por la dictadura, que aseveró que en las primarias opositoras participó cerca del 12% del padrón electoral del país.
La propia María Corina Machado calificó la medida de “inútil” y que “sólo demuestra que el régimen sabe ya que está derrotado”. La líder opositora reiteró que para que se haga oficial una inhabilitación debe existir una sentencia definitivamente firme y, en su caso, esto no ha sucedido; tampoco ha sido notificada de tal acción.
En entrevista con Infobae, el analista venezolano y doctor en Ciencias Políticas, Andrés Cañizález, aseguró que María Corina Machado “no ha administrado bienes públicos y por tanto, una inhabilitación administrativa es un contrasentido ya que no hay un hecho donde se le pueda acusar de que tomó un dinero del Estado o que usó de manera inadecuada recursos públicos”.
“La sociedad venezolana demostró una suerte de acto de rebeldía ante el poder y está dando un mensaje no sólo a favor de María Corina, sino un mensaje en contra de ese recurso (la inhabilitación)”, afirmó Cañizález.
/gap
