Los que hoy gobiernan llegaron al poder porque fueron muy exitosos en difundir consignas, fácilmente asimilables por la población, que hacían creer que los problemas del país se resolverían por medio de cambios muy radicales, pero simples de implementar. Ya es evidente que fracasaron rotundamente, primero porque las consignas eran erradas, y segundo, porque implementar cambios profundos nunca será simple. De hecho, su propuesta de Constitución octubrista fue ampliamente rechazada por la población.

Los últimos cuatro años han sido muy difíciles para Chile, las cifras muestran que en casi todos los aspectos estamos peor que en 2019. Sin embargo, como reza el antiguo refrán “no hay mal que por bien no venga”, y si hubiera que rescatar un aprendizaje importante de este período, es que hemos tenido una larga y fructífera clase de derecho constitucional. Se han generado además resultados completamente impensados, como, por ejemplo, que el Presidente Boric ahora esté a favor de la “Constitución escrita por cuatro generales”, o que ahora ya no se hable de la Constitución de Pinochet, sino de la de Lagos. Y es que efectivamente la Constitución vigente está firmada por Ricardo Lagos, y por el propio Francisco Vidal, que se acaba de acordar de eso en estos días.

Entonces, los mismos que levantaron el mito de la Constitución de Pinochet han tenido que salir a derribarlo. Muchos llevamos años hablando de las numerosas y profundas modificaciones que se le han hecho al texto de 1980, ahora todos lo reconocen.

Un segundo mito que afortunadamente ha quedado desmentido es que la Constitución vigente era la causa principal de los problemas del país, ya que validaba el modelo neoliberal. Una nueva Constitución iba a permitir satisfacer las demandas ciudadanas, a través del establecimiento de derechos sociales garantizados. La amplísima mayoría que aprobó el proceso constituyente de la llamada “hoja en blanco” en octubre de 2020 mostró que la consigna había sido exitosa. Sin embargo, tres años después nadie piensa en la Constitución como la llave maestra para resolver todos los problemas. Existe ahora un sano escepticismo constitucional, que aunque reconoce la existencia de normas claras y certeza jurídica como condiciones necesarias para el desarrollo, éstas son insuficientes si la política es disfuncional y el crecimiento se ve dañado por un Estado ineficaz, ineficiente y con problemas de corrupción, junto con crecientes déficits en materia de capital humano.

Relacionado con lo anterior, otro mito que agoniza es que la inexistencia de derechos sociales en la Carta Fundamental era la causa de los problemas de salud, educación, pensiones, vivienda, etc. No importaba frente a esa consigna el que entre 1990 y 2019 el gasto social del Estado hubiera crecido al doble del PIB, y que en los hechos no teníamos un Estado mínimo ciego a las demandas sociales. El problema principal no era que se hubieran asignado pocos recursos al gasto social, sino la ineficacia e ineficiencia del Estado en su utilización. Es sintomático que los mismos que llevan muchos años defendiendo la incorporación de derechos sociales en la Constitución, ahora prefieran mantener la actual, frente a una propuesta que sí los incorpora, y define al Estado de Chile como social y democrático de derecho ¿Entonces no bastaba con incorporar las demandas sociales en el texto para que pudieran ser provistos esos bienes? Por supuesto que no, sólo que ahora lo hacen evidente. El gobierno de Boric declara hoy en día que sí podrá seguir con su programa de reformas sociales manteniendo intacta la Constitución vigente ¿no era la nueva Constitución una condición necesaria para eso?

Por supuesto, es positivo que se destruyan esos mitos, aún al costo de hacer evidente que el sector gobernante tiene un problema de honestidad intelectual, que ha hecho mucho daño a la discusión política en Chile ¿Están ahora diciendo lo que piensan y antes nos engañaron, o al revés? O dicho de otra forma ¿se equivocaron antes y por lo tanto es legítimo que cambien de opinión? Me parece que la explicación es que el discurso se ajusta totalmente al contexto político, y por ende, en la medida en que las circunstancias lo permitan, volverán a la carga con las mismas ideas, seguramente fraseadas de distinta manera. La esperanza es que los ciudadanos hayan aprendido la lección y les pasen la cuenta por su falta de coherencia.

Por María Cecilia Cifuentes, Economista, ESE Business School, para El Líbero

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